La obra social de la Universidad Nacional de San Juan, DAMSU, pende de un hilo. Según se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Nación, fue dada de baja del registro especial de obras sociales universitarias del país, junto a tres coberturas médicas de otras casas de altos estudios. La resolución es de la Superintendencia de Servicios de Salud y uno de los puntos centrales apunta a que la entidad local no presenta desde 2004 sus declaraciones juradas. La medida es un golpe al corazón de la institución, ya que, de quedar firme, no podrá seguir prestando sus servicios a los más de 14 mil afiliados que tiene. Si bien aún continúa operativa, el futuro de los asociados y de los prestadores es una verdadera incógnita por lo sorpresivo del dictamen.

Por la situación, el Consejo Directivo de DAMSU, que preside Zulma Corzo, mantendrá hoy una reunión extraordinaria a primera hora y luego dará una conferencia de prensa. Según confirmaron fuentes oficiales, la Dirección de Asistencia Médica Social Universitaria (DAMSU) discutirá en sede administrativa la resolución que dictó el organismo nacional que regula la actividad de las obras sociales. El planteo defensivo, según entienden en la entidad, suspendería la decisión oficial, por lo que por el momento podrán seguir prestando cobertura con normalidad. De no obtener un resultado favorable en esa instancia, a la obra social le quedarían dos posibilidades: una vía jerárquica, hacia el Ministerio de Salud de la Nación, o el camino judicial.

La notificación cayó como un baldazo de agua fría para los directivos y los afiliados de DAMSU, ya que la situación se suma a la crisis administrativa financiera que atraviesa la entidad. En un año, la obra social tuvo tres presidentes en su directorio y hasta el momento no tiene aprobado el balance 2016-2017, el cual presenta un déficit millonario (ver Conflicto... ).

Según consta en la resolución, además de DAMSU, las otras entidades dadas de baja son la obra social del Personal de la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, la de la Universidad Nacional del Litoral y la de la Universidad Nacional Centro de Buenos Aires. Las cuatro sufrieron el revés por la misma situación: desde el 2004 ninguna presentó sus declaraciones juradas y "tampoco registran ningún tipo de alta por presentación de padrón ni unificación de aportes, ni opciones", indica el comunicado.

La medida está enmarcada en una política impulsada por el presidente Macri, quien, tras las elecciones, anunció la depuración de las obras sociales del país que no cumplan con los requisitos y que sean deficitarias. En el caso de DAMSU, las fuentes reconocieron que desde hace 14 años no presentan la declaración jurada, documento que determina la cantidad de afiliados y la situación financiera de la entidad, pero se excusaron al sostener que en la era kirchnerista no les fue requerida, algo que cambió con la administración actual.

Tras la noticia, las obras sociales recibieron el respaldo de Cosun (Consejo de Obras Sociales de Universidades Nacionales) que en un comunicado sostuvo que el registro especial nunca estuvo en funcionamiento y que la falta de documentación obedece a que ese sistema es obsoleto.

Por su parte, desde la agencia local de la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Sebastián Turcato, indicaron que hasta ayer no tenían información sobre el grado de incidencia en el funcionamiento de DAMSU y que esperaban tener hoy más detalles de la administración central.

• Auditoría interna

Luego de recibir un balance financiero con un rojo de más de 11 millones de pesos sin justificar, la asamblea ordinaria de DAMSU, a propuesta de la presidente del Consejo Directivo, Zulma Corzo, decidió aprobar la realización de una auditoría interna para determinar de dónde salieron los recursos y si hubo malversación de fondos.

• Puja por los jubilados

La implementación de un fondo solidario para ayudar a jubilados socios de DAMSU a reducir el valor de la cuota de la obra social produjo un tironeo entre la presidente del Consejo Directivo y el Rectorado. La casa de altos estudios no aprobó el descuento por planilla a los docentes para aportar al fondo, por lo que la medida fue suspendida.