Se cumplió la segunda semana de vigencia de una reglamentación cuya justificación no se admite sin admitir primero que nuestro país no es normal.

El texto, con el estilo embarullado que es usual entre los economistas, en realidad dice algo bastante sencillo: el comerciante nos debe explicar exactamente el precio de lo que compramos y los consumidores debemos saber exactamente qué estamos pagando. Así de simple.

Esto, que no es más que la base del comercio desde la época de los fenicios, estaba tan subvertido y olvidado que se lo ha debido recordar por una resolución.

Para más, el concepto ya había quedado incorporado al texto de nuestra constitución del '94 en el capítulo de los derechos del consumidor "a una información adecuada y veraz", Art 42.

El vendedor está obligado a decirnos si estamos pagando un bien, un impuesto, una tasa municipal, una contribución, etc. y todo debe estar prolijamente escrito en la factura, como ocurre con el buen ejemplo de las boletas de energía eléctrica, gas, teléfono... en general, de los servicios públicos.

Pero mucho más grave que la confusión de no saber qué estábamos pagando al tener sólo una cifra final sin discriminación detallada de los rubros, es haber hecho creer a la gente que su transparencia debería influir en subas o bajas de precios.

Siempre afirmamos, en eso nos ayuda la historia, que la supuesta ausencia de interés de financiación en los pagos en cuotas era una mentira y que lo que ocurría era que se tiraban hacia arriba todos los precios, los de las cuotas y los de pago contado.

Pero veamos el tema de los precios. Debemos empezar por reconocer que en un país con alta inflación crónica es muy difícil saber cuáles son los precios reales, si es que el valor del artículo sube o es que el valor del medio de pago, el dinero, se devalúa.

A veces, las dos cosas ocurren simultáneamente, como en las mercaderías estacionales.

En este escenario caótico también es frecuente que algunos comerciantes liquiden stock para hacerse de efectivo bajando precios y que a la cuadra siguiente haya colegas de rubro similar que acopien ante la expectativa de una devaluación subiéndolos preventivamente.

Cierto amigo que regresaba de especializarse fuera del país no terminaba de asombrarse de esta disparidad y falta de coherencia. Aquí tuvimos una distorsión tremenda, la TV cable fue y sigue siendo más cara que la energía, el gas o el agua. Ese fenómeno arroja un mensaje muy malo a la sociedad que pierde idea de lo que cuesta cada cosa.

El día que se recupere algún equilibrio monetario, los precios no se modificarán por decreto de algún gobierno sino por las variaciones entre la oferta y la demanda agregadas. La oferta se agranda con inversiones.

La demanda se agranda con incentivos monetarios, lo cual depende del banco emisor de moneda. Cuando ese banco, generalmente llamado Banco Central, es independiente, tiene la función de hacer coincidir, en la medida de lo posible, la cantidad de moneda que pone en circulación con la oferta de bienes. Cuando ese gran ente regulador depende del teléfono o la necesidad electoral de un gobierno, esa relación pasa a depender de decisiones pasionales y no técnicas.

Muchas veces, la demanda se hace crecer de modo ficticio y ahí los precios suben inexorablemente. Inflación no es que suban algunos precios sino que suban todos a la vez.

 En los precios también influye la política por expectativa. Cuando hay estabilidad, nadie se asusta al punto de cambiar la función del dinero (medio de cambio, reserva de valor, medida de cuenta).

Cuando hay incertidumbre, el dinero tiende a perder la función de reserva (ahorro) y se comienza a gastar y a circular a mayor velocidad generando subas nominales de precios e inflación. En nuestros días sigue presente algo de eso y el gobierno debería evitar que esa sensación se profundice.

Los precios transparentes son principalmente una cuestión legal y moral y no como por ahí se cree, un instrumento de influencia directa en los precios.

El sistema anterior de las famosas "cuotas sin interés" debió haber sido denunciado por fraude e inconstitucionalidad. El consumidor debe saber cuánto y a quién está pagando y por qué. Si al comerciante, si al banco, si al Estado.

No es bueno sostener la idea de que los precios pueden bajar sin nuestra acción de consumidores. El gobierno tiene que hacerlo, nosotros no hacemos nada y los precios deben bajar. No es así, nunca lo fue y nunca lo será. No hay forma de que el vendedor venda si el comprador no está de acuerdo con el precio.

Como curiosidad digamos que hay dos bienes que están bajando significativamente de precio: el dinero, que es transversal a toda la economía (la tasa de interés ha bajado en algunos casos más de 10 puntos) y el dólar que sigue planchado y aparentemente seguirá todo el año, siempre por debajo de la inflación estimada.

En el primer caso, la baja de la tasa no debiera tardar en incentivar la demanda por ventas en cuotas y ahora sí con bajo o nulo interés financiero como está ocurriendo con algunas marcas de autos. En el segundo, si bien se generan problemas con la rentabilidad de las exportaciones, la estabilidad puede contribuir como ancla tope para frenar la cultura inflacionaria que está inscripta en todos nosotros.