Juan De la Cruz Córdoba no sólo fue secretario de Gobierno de Rivadavia y hoy es el presidente del Concejo Deliberante, sino que también ha venido actuando en algunos juicios como abogado en defensa de los intereses del municipio. Frente a esa situación, los ediles opositores del Frente Todos presentaron un proyecto de ordenanza para que ni Córdoba ni cualquier otro profesional que trabaje a favor de la comuna y, por lo tanto, perciba un sueldo, no le pueda cobrar al Estado departamental los honorarios por haber tramitado un proceso judicial. El titular del legislativo señaló que, en principio, la iniciativa es "sobreabundante", ya que existe una ley provincial que le pone freno a que un letrado perciba la retribución de una causa si embolsa un salario permanente de parte de su representado, como, justamente, un municipio o una empresa. Además, resaltó que nunca le cobró a la comuna por los juicios en los que intervino. Pero, por información a la que accedió este medio, la Justicia le reguló honorarios en seis expedientes, por lo que es casi un hecho que en algún momento los solicitó.

Córdoba explicó que fue asesor letrado del municipio desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2016, por lo que en ese lapso dijo que no percibió honorarios por los juicios debido a que tenía una retribución mensual. Luego, asumió como secretario de Gobierno y en diciembre de 2019 lo hizo como concejal, después de resultar electo en los comicios de ese año. Así, señaló que, desde que es funcionario político, dejó de recibir un haber como abogado de la municipalidad, por lo que "tendría la posibilidad de cobrarle a la comuna, pero nunca lo hice", remarcó.

Este medio obtuvo documentación que revela que hubo seis sentencias (de 2018 a la fecha) en el Juzgado Contencioso Administrativo en causas que tuvo al municipio como una de las partes y en las que intervino el hoy presidente del Concejo, a quien se le fijó honorarios, es decir, se estableció el porcentaje que debe cobrar. Para hacerlo, pudo haber ido por el municipio y simplemente mostrar la resolución judicial o, en un paso más complejo, iniciar un proceso de ejecución de honorarios en sede judicial, de lo que no hay constancias de este último caso. En Tribunales explicaron que, para evitar la regulación de honorarios, muchas veces depende de la voluntad del abogado de comunicar que trabaja para la comuna o del propio control municipal.

Por eso, el bloque opositor (integrado por los peronistas Leonardo Lorenzo, Laura Villa y Lucio Gutiérrez y el bloquista Walter Vázquez) presentaron el proyecto. Lorenzo destacó que lo hicieron "para resguardar el patrimonio del municipio" para que, en un futuro, "no venga Córdoba ni otro abogado a cobrar los honorarios contra el municipio, que en algunos casos pueden llegar a ser millonarios". Vázquez, a su vez, agregó que "lo que pretendemos es que los abogados y asesores letrados deban renunciar al cobro de honorarios en las causas judiciales en las que actúan porque el municipio ya les pagó por su trabajo". Sin embargo, Córdoba manifestó que ya existe una normativa provincial, aunque dijo que analizarán el proyecto opositor.

Para impedir la regulación de honorarios, la iniciativa le exige a un profesional que percibe un salario de la comuna que presente una copia de la ordenanza en el juicio que lleve adelante. Córdoba reconoció que tiene menos de 10 causas, pero viene renunciando a ellas. Y destacó que lo hace "por la falta de tiempo" por su tarea de concejal, ya que "no hay ninguna incompatibilidad entre ese rol y ser concejal en la Carta Orgánica". Tanto Lorenzo como Vázquez lo contradijeron. Este último indicó que uno de los incisos del artículo 16 establece que el puesto de edil es incompatible con cualquier otro cargo electivo, político y administrativo, salvo la docencia".

• Caso con fallo en contra

Una de las causas en la que la Justicia le reguló honorarios a Juan De la Cruz Córdoba es la demanda que promovió José Matus Samper. El hombre le ganó un juicio al municipio luego de que desde la gestión de Ana María López y la de Fabián Martín no le terminaran de pagar por unos trabajos de poda y tala. En el final de la administración de la exintendente, se le reconoció el expediente y hubo orden de pago, lo que selló la suerte de la comuna. Según las fuentes, la defensa municipal no contestó demanda y no llevó adelante otras medidas, por lo que Córdoba señaló que "no había una defensa legal que pudiera desconocer los procedimientos administrativos y legales" realizados por la gestión anterior. Sí dijo que denunciaron a Matus Samper.