En un control de rutina por los pagos del adicional por título del personal de Vialidad Provincial, el Tribunal de Cuentas detectó que uno de ellos presentaba aspectos sospechosos. Entre ellos, que no aparecían los sellos de la institución universitaria y las aclaraciones de las firmas de las autoridades que lo expidieron. Ante la consulta a la Universidad Católica de Cuyo, el empleado no habría sido alumno regular de la carrera de contador. Frente a esa situación, el director de la repartición, Juan Manuel Magariños, presentó ayer una denuncia en la Fiscalía de Instrucción Nº 3 por la presunta falsificación del documento. El implicado trabajaba en el área contable, fue separado de sus funciones y va camino a una suspensión, mientras que en el frente judicial le aguarda una investigación que le puede acarrear una sanción penal.

Magariños cumplió con su obligación de funcionario público al radicar la denuncia luego de tomar conocimiento de una presunta irregularidad. No es la primera vez que lo hace, ya que llevó a cabo la misma movida cuando saltaron a la luz los dobles pagos de certificados de obra en la ruta 149, en Calingasta, durante la gestión pasada. El tema de títulos truchos no es nuevo, ya que la Justicia también tiene en la mira a nueve personas que habrían presentado documentos apócrifos para conseguir puestos vacantes en el Ministerio de Educación (Ver Denuncias... ).

El último caso estalló el viernes, cuando el Tribunal de Cuentas le notificó al director de Vialidad de las presuntas anomalías en el título de contador del empleado de apellido Gómez, de unos 43 años, revelaron fuentes judiciales. El órgano encargado del control posterior del gasto público toma muestras del universo de profesionales de las distintas áreas y revisa que las erogaciones por el adicional por título estén bien hechas. En eso, comprobaron las inconsistencias en el del trabajador, que percibía unos cinco mil pesos por ese plus. Magariños indicó que el informe del Tribunal de Cuentas señala que "no se observan los sellos y las aclaraciones sobre las firmas que aparecen". Además, indicó que desde ese organismo se comunicaron con la casa de estudios superiores e informaron que Gómez no habría pasado por las aulas. El funcionario uñaquista fue cauteloso sobre la responsabilidad del implicado y dejó todo en manos de la Justicia. No obstante, señaló que, de manera preventiva, "el agente fue separado de la función que tenía y le hemos bloqueado las claves a las que tenía acceso". Así se abrió un sumario administrativo y destacó que "está en proceso una suspensión, sin goce de haberes", hasta que haya una resolución judicial. En el caso de que sea desvinculado, se le devolverá los importes no percibidos. El trabajador había ingresado a la repartición hace unos dos años como contratado y tras un año, había logrado entrar como planta permanente, indicó Magariños.

El director de Vialidad Provincial también resaltó que irán más allá, dado que manifestó que "haremos una auditoría interna para verificar todos los ámbitos en los que estuvo actuando y ver si hay algún tipo de irregularidad, cosa que aún no se ha detectado".

El fiscal Carlos Rodríguez es quien ahora debe definir si le pide al juez del Tercero de Instrucción, Guillermo Adárvez, una serie de medidas previas o directamente que abra la investigación e indague al sospechoso.

> Dobles pagos

A fines de noviembre, el director de Vialidad, Juan Manuel Magariños, denunció en la Fiscalía que conduce Claudia Salica los dobles pagos de tres certificados de obra de la ruta 149 en la gestión giojista y le apuntó al jefe del Departamento Certificación de Obra, Francisco Gómez. La agente del Ministerio Público pidió la apertura de la investigación y amplió la mirada hacia el extitular de la repartición, Edgardo Guerci, a la asesora jurídica, a una delegada contable y a responsables de la empresa Menín. El juez Benedicto Correa abrió la causa, realizó allanamientos y se encuentra recabando testimonios. Luego apareció un cuarto doble pago.

> Títulos truchos

Autoridades de la Dirección Administrativa del Ministerio de Educación denunciaron el 29 de junio de 2016 que entre la documentación presentada por aspirantes a cubrir cargos docentes y otros puestos en planta permanente de Educación había 9 personas que presentaron copias que no se correspondían con los originales. El fiscal Carlos Rodríguez le había pedido al juez Guillermo Adárvez que ordene producir varias pruebas tendientes a comprobar la existencia o no de un hecho delictivo. Hace unos días, el magistrado citó a declarar a las dos empleadas que detectaron las anomalías en dichos documentos.