Luego de que la gestión giojista anunciara que impulsará una ley para designar en planta permanente a los contratados del Ejecutivo, en el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo están pensando imitar la medida. A ninguno de los organismos les cabe la prohibición de hacer nombramientos efectivos, pero aseguran que en los últimos años no usaron esa herramienta para acompañar la decisión del Gobierno de contener el gasto. Entre los dos suman 51 agentes en condiciones de adquirir estabilidad como empleados públicos.

La ley que impide las designaciones en planta permanente se sancionó en 1991 y alcanza sólo al Ejecutivo. El Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo no fueron incluidos (tampoco el Legislativo y el Judicial, porque cuentan con presupuesto propio y tienen la facultad de nombrar personal bajo la modalidad que ellos mismos juzguen conveniente). Por todo eso, tampoco los afecta la ley que está por promover José Luis Gioja para habilitar designaciones en planta permanente en el seno de la administración central.

A pesar de no tener restricciones, tanto el presidente del Tribunal de Cuentas, Isaac Abecasis, como el defensor del Pueblo, Julio Orihuela, dijeron que en los últimos años el único personal que tomaron fue contratado. En el primero son 46 y en el segundo 5, según los funcionarios, que coincidieron en señalar que están evaluando pasarlos a planta permanente.

En el Tribunal de Cuentas, la movida la iniciaron los propios contratados. Cuando se enteraron de la medida que se está cocinando en el Ejecutivo, presentaron una nota pidiendo el mismo tratamiento. Según Abecasis, van a estudiar caso por caso y ver cuántos pueden quedar como efectivos. El problema que tienen es que sólo cuentan con 23 cargos vacantes y para el resto, necesitarían más cargos y la respectiva partida para costearlos.
En la Defensoría del Pueblo, el esfuerzo es menor. Orihuela no habló de problemas de vacantes y aseguró que “si la ley del Ejecutivo es sancionada, nosotros vamos a seguir el mismo camino”.

El proyecto oficial está en estos momentos en elaboración y se espera que este mes ingrese a la Legislatura. Los gremios calculan que los contratados en el Ejecutivo son 4.000, pero no se sabe si todos serán traspasados.