“No nos sorprendió la cantidad de causas, nos preocupó”, indicó la jueza de Paz Alejandra Dománico, una de las integrantes de la Oficina de Gestión Judicial, área encargada de llevar adelante las ejecuciones contra los deudores del Estado, municipios y órganos descentralizados, como OSSE. Es que, en el año que está por cerrar, el organismo, que también conducen Antonio Gaitano y María Marta González Bautista, recibió una cifra récord de expedientes de la Dirección de Rentas para el cobro de impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor: 76.200 ejecuciones en total, una cifra superior a los 65.000 que habían recibido en 2018. Por el incremento, la Corte de Justicia habilitó la suspensión de plazos judiciales por 60 días hábiles, lo que le permitirá al sistema ponerse al día con los trámites. 

No es la primera vez que el máximo tribunal de justicia habilita un plazo de suspensión por la cantidad de expedientes. Lo hizo a principio de 2018 por 150 días corridos y para que el sistema, que también se denomina Gestión Asociada, comenzara a funcionar sin trabas. Es que el mecanismo se implementó para tramitar todas las ejecuciones fiscales por mora, liberando de ese trámite a otros juzgados de Paz, al fuero Civil y al Contencioso Administrativo. Antes de que comenzara la Oficina de Gestión Judicial, dichos juzgados tramitaban entre 25 mil y 40 mil causas por año, lo que colapsaba el servicio de Justicia y ralentizaba los fallos sobre otros temas. La cifra se incremento considerablemente en 2018, con 65 mil y este año fue récord con poco más de 76 mil, sólo de Rentas. A esa cifra se le suman otras ejecuciones fiscales por municipios, OSSE y multas de los juzgados de Paz, elevando el número a 84.600, volumen que también es inédito, indicaron desde el organismo. Según explicaron fuentes calificadas, el incremento de ejecuciones sobre Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor se debe a que, por la crisis nacional, los contribuyentes destinan sus recursos a otras necesidades y dejan de lado sus obligaciones con el fisco. El incumplimiento genera una mora, que si no es afrontada en dos años, se ejecuta por la vía judicial a través de Fiscalía de Estado.