Luego del fallo de la Corte de Justicia de San Juan que le recortó autoridad al Tribunal de Cuentas de la provincia para enjuiciar a funcionarios y que paguen con su patrimonio por haber causado un perjuicio económico a las cuentas públicas, en la Fiscalía de Estado se mostraron optimistas.
El fiscal de Estado de la provincia, Mario Díaz, dijo ayer que "es un precedente interesante y coincide con el planteo de la Fiscalía".
El que no pudo ser ubicado para que diera su opinión fue el presidente del Tribunal de Cuentas, Isaac Abecasis.
La Corte local emitió un dictamen el miércoles pasado que, por unanimidad de sus miembros, determinó la inconstitucionalidad de un juicio de responsabilidad que llevó adelante el Tribunal de Cuentas de la provincia contra una ex funcionaria que le había ocasionado un perjuicio económico al Estado y que debía repararlo con su patrimonio. Pero la funcionaria, María Inés Rico, ex directora de Turismo acusada en el caso Aleco, apeló y llegó a la instancia de la Corte. Si bien la resolución judicial sólo es aplicable a su caso, sienta un precedente para una serie de juicios similares que ha venido llevando adelante el Tribunal. Y también hay un planteo de la Fiscalía de Estado de 2008 para que fueran declarados inconstitucionales los juicios que el Tribunal inicia contra las funcionarios que le ocasionan un daño económico a la provincia. Ese planteo todavía no ha sido resuelto.
Díaz opinó que "todavía no leo el fallo, pero es coincidente con el planteo que nosotros hacemos".
Sobre la posibilidad de apelar el fallo de la Corte ante el máximo tribunal de la Nación, la Suprema Corte de Justicia, Díaz dijo que "no puedo ser incoherente".
El Tribunal, como organismo descentralizado, no tiene personería jurídica y por lo tanto no puede actuar en un proceso judicial. La que podría hacerlo es la Fiscalía de Estado, que es la encargada de defender los intereses de la Provincia y del Tribunal como un organismo dependiente. Pero la Fiscalía es coincidente con la resolución de la Corte y su titular no se mostró dispuesto a que la decisión sea revisada.
Hasta ahora, el Tribunal lleva adelante dos tipos de juicios. El de cuentas, en el que revisa la legalidad del gasto, y el de responsabilidad, en el que se busca que haya una respuesta patrimonial del funcionario por el daño que hubiera causado. Este último es el que la Corte considera que es inconstitucional y que no debería seguir instruyendo el Tribunal.