De cara a la negociación por el aumento salarial de este año para los municipales de Rivadavia, el intendente Fabián Martín aseguró que no habrá más ofertas que contemplen el pago de la deuda que se originó con los empleados en la gestión de Ana María López. Como en instancias anteriores hubo dos propuestas que fueron rechazadas porque los trabajadores las consideraron insuficientes, el jefe comunal señaló que decidió que el tema se zanje en la Justicia.

Los municipales, divididos en tres grupos, demandaron al municipio en el Juzgado Contencioso Administrativo para cobrar la diferencia que se generó cuando la administración pasada decidió una suba del 27,10 por ciento para el plantel político y no contempló a la planta permanente, tal cual lo establece la Carta Orgánica. En sede judicial ya se han realizado pericias contables para determinar el monto de la deuda, ya que desde ninguna de las partes involucradas aún no tienen un cálculo certero, aunque todos reconocen que la misma es de varios millones de pesos. A partir de ahí y de las pruebas que han arrimado, las partes harán sus planteos y la jueza Adriana Tettamanti tendrá que resolver.

La exintendente López aumentó en mayo de 2012 un 27,10 por ciento los sueldos del staff político bajo el argumento de que se trató de un "suplemento", dado que en gestiones anteriores a la suya se habían dispuestos subas a los empleados superiores a los de los políticos, por lo que lo único que hacía era compensar esos desfasajes. Los municipales pusieron el grito en el cielo debido a que la medida no tenía el "enganche" para ellos, como lo establece la normativa. El aumento para la planta política se suspendió, pero en febrero de 2013 volvió a ejecutarse.

Recién en enero de 2017, Martín le dio de baja al decreto de su antecesora y estableció que su plantel político dejara de percibir el 27,10 por ciento. Con ese ahorro, lanzó una primera oferta para saldar la deuda: un incremento del 6 por ciento, lo que representaba unos 930 pesos en el sueldo de los municipales, sin el descuento por los aportes sociales. La propuesta fue rechazada y el año pasado dio a conocer una segunda iniciativa, la cual consistió en una suba de 9 puntos para 2017, otros 9 para 2018 y 9 más para 2019, con 9 puntos para 2020 en una suma no remunerativa y no bonificable, según habían manifestado desde el sector sindical. Por segunda vez, los empleados dijeron que no. Los municipales siempre se mostraron dispuestos al diálogo, tiraron contraofertas, pero aclararon que no iban a regalar nada en la discusión.

En ese marco, el intendente resaltó que su equipo no elaborará otra oferta y que todo deberá resolverse en la Justicia. Los reclamos judiciales de los trabajadores se concentraron a través de tres vías: un grupo está representado por los abogados del gremio UPCN, otro por los del sindicato SUOEM y el tercero por el abogado Humberto Conti. Todos buscan lo mismo: el pago de lo que no cobraron desde que se impuso y estuvo en vigencia el aumento de la planta política.

Por otro lado, Alberto Derel, del gremio Suoem, señaló que el municipio ya ofreció para este año un aumento del 17 por ciento, el mismo que instrumentó la provincia, pero que los trabajadores también rechazaron. Esta semana volverán a reunirse para ver si hay avances en la negociación.

• Marcha atrás

Fabián Martín recortó en 2017 el 27,10 por ciento de aumento a la planta política y se incluyó a la jueza de Faltas, Gladys Abelín. La magistrada se opuso a la medida y desde la gestión departamental le reintegraron la suma.