En este mensaje que firma la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), los obispos cuestionan la oportunidad del debate, piden que no se limite al aspecto penal, destacan los compromisos que debe cumplir el Estado en materia de asistencia a la niñez, citan una Carta pastoral de Bergoglio en sus tiempos de Cardenal y recuerdan un Acta de Compromiso del Consejo Federal de la Niñez (de 2015) que rechazaba el cambio del límite de 16 años a partir del cual se considera a los menores imputables.
Con el título "Consideraciones sobre la baja de la edad de punibilidad", el comunicado de la Iglesia Católica busca tomar distancia de la propuesta oficial señalando que "la intención del Poder Ejecutivo de la Nación de impulsar una reforma legislativa tendiente a la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años (…) no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones ‘Ni un pibe menos por la droga’", que hizo esa misma comisión el 6 de noviembre del año pasado y que fue asumida por el Gobierno a través de un decreto presidencial (el 1249/16).
A continuación, la Comisión aclara en qué condiciones aceptaría esta discusión y eventual reforma: "Dicho debate [sobre el límite de edad a partir del cual se puede aplicar una pena] no debe rechazarse a los fines de adecuar la legislación penal juvenil, pero necesariamente debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas. No puede centrarse solamente en la persecución estatal -a través del derecho penal- de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal".
"No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley penal en casi ‘enemigos sociales’. No podemos mirar solamente la ‘fotografía’ del hecho que han cometido, sino que debemos mirar la ‘película de su vida’ para atrás, y así seguramente advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer cumplir", concluye el comunicado.