Fuentes del Tribunal Oral Federal (TOF) dijeron ayer que no les informaron desde el Juzgado Federal de San Juan que habían autorizado a los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi a trasladarse primero al Penal de Marcos Paz y después al Hospital Militar Central para realizarse estudios médicos, de donde se terminaron fugando.

La información es clave porque los dos jueces federales, Leopoldo Rago Gallo y Miguel Gálvez, vienen sosteniendo que sí existió esa comunicación y que la responsabilidad de que los condenados se escaparan es del Servicio Penitenciario Federal.

De confirmarse la versión de los miembros TOF, se complicará la situación de los magistrados federales porque ya los abogados querellantes Margarita Camus y Fernando Castro han adelantado que van a pedir un Jury para investigar su conducta.

Mientras tanto, un grupo diputados se reunieron ayer con los jueces federales para interiorizarse sobre la fuga.