Un año y medio llevó depurar las miles de leyes sancionadas en la provincia desde mediados del siglo XIX y la conclusión es que apenas el 14,2 por ciento debe seguir vigente, es decir 1.248 sobre un total de 8.759. Las que quedan en pie forman parte del digesto jurídico que se presentará públicamente la próxima semana como base normativa para regir la vida social, política, administrativa e institucional de los sanjuaninos y que en última instancia será revisado y debatido por los diputados para su aprobación. En el lote de desechables hay algunas que perdieron su razón de ser por haberse convertido en obsoletas, por contraponerse a otras o por ser insólitas y hasta ridículas en estos tiempos, como la prohibición de militar en un sector político (ver aparte).
El digesto es un compilado que intenta organizar las leyes que están en vigencia y que elimina aquellas obsoletas y derogadas. La iniciativa surgió a raíz del desorden que hay en el sistema jurídico de San Juan, fundamentalmente por las contradicciones entre algunas normas y la redundancia que resulta de la mala costumbre (tan común en estas tierras) de sobrelegislar o aplicar parches de circunstancia que después, en la práctica, quedan en el olvido.
La idea de hacerlo se venía barajando en las dos anteriores gestiones de la Cámara de Diputados y se concretó bajo la Presidencia de Sergio Uñac. El trabajo comenzó en noviembre de 2012 y alcanza toda la base documental de la legislación provincial, partiendo por la que se sancionó en 1856 para aprobar la Constitución de ese mismo año. Desde aquel entonces y hasta diciembre de 2012, cuando se hizo el corte del material a relevar, se promovieron 8.759 normas (muchas de ellas no estaban numeradas). El objetivo del digesto es determinar cuáles sirven y cuáles no y después ordenarlas.
La tarea ya está lista. La comisión de profesionales que se armó para elaborar el digesto revisó exhaustivamente una por una las leyes que existen en la provincia y determinó que son 1.248 las que merecen continuar teniendo efecto. La cifra se oficializará el martes, en una conferencia de prensa que se realizará en el parlamento de Las Heras y Libertador, donde se conocerán todos los detalles del flamante digesto con el que contará San Juan.
El trabajo incluyó la unificación de aquellas normas que versan sobre el mismo tema y estaban desperdigadas en distintos textos legislativos. Un caso es el de la Ley de Educación que data de 1960: cuenta con 167 modificaciones hasta estos días y ahora, se ordenaron y se plasmaron en un escrito único. En definitiva, todo ese cúmulo de normas quedó reducido a una sola.
Otras, directamente no fueron incorporadas al digesto y se propone eliminarlas. Entre ellas se encuentran las que estaban derogadas, las que están vigentes pero no se aplican y las que ya cumplieron su objeto. En esa diversidad, algunas se contradicen y muchas se superponen, lo que en más de una oportunidad ha puesto en aprietos a jueces y organismos del Estado a la hora de determinar cuál es la que deben usar.
El listado que elaboró la comisión de especialistas podría variar. Los que tienen la última palabra son los diputados, que desde la semana entrante lo tendrán a disposición para analizarlo y decidir si lo aprueban tal como fue confeccionado o si introducen modificaciones. Sucede que son los únicos que pueden resolver qué leyes son archivadas y cuáles no.
Se modifique o no, San Juan tendrá un nuevo orden de normas y hace falta darlo a conocer masivamente para evitar confusiones. Aunque todavía no hay nada decidido, la conducción de la Cámara de Diputados está estudiando la posibilidad de imprimir ejemplares, como se hizo en otras provincias, para repartirlos entre dependencias de los tres Poderes del Estado, en las universidades, colegios y entidades como el Foro de Abogados.