El gobierno firmó ayer la adjudicación de la construcción del hospital de Pocito y, según dijeron fuentes calificadas, su ejecución empezará en la primera semana de enero. El departamento cuenta hoy con un viejo y colapsado nosocomio de 700 metros cuadrados que será reemplazado por un moderno edificio con más superficie, tecnología y prestaciones médicas. La empresa adjudicataria es Nacusi y la obra costará algo más de 22 millones de pesos.
El nuevo edificio para el hospital pocitano es una viejo anhelo de los habitantes del departamento, que por falta de comodidad y servicios médicos se ven obligados en más de una oportunidad a viajar al centro para hacerse atender en el Rawson y el Marcial Quiroga. En Salud Pública apuestan a revertir la situación: dicen que en la medida que se mejoren los servicios y la infraestructura de los centros sanitarios de la periferia, como en este caso, la atención se descentralizará y la mayor parte de la demanda no confluirá en la ciudad.
El hospital del departamento que dirige el intendente Sergio Uñac estará ubicado sobre calle Mendoza, entre 10 y 11, y remplazará al viejo nosocomio Federico Cantoni, que tienen más de 50 años desde su habilitación, a mediados del siglo pasado. Tendrá unos 4.500 metros cuadrados y entre las especialidades que se atenderán se encuentran clínica médica, pediatría, ginecología, cardiología, radiología, traumatología, oftalmología y nariz, garganta y oído.
La empresa que ejecutará la obra se deberá hacer cargo, también, de poner las camas, los escritorios, los armarios y todo el mobiliario que haga falta. Y el equipamiento médico con el que contará, lo aportará el gobierno nacional. En realidad, la totalidad del nuevo nosocomio será financiado por la administración K: la gestión giojista logró meter esta obra y la del hospital de Sarmiento (ver aparte) en un plan de obras sanitarias que se puso en marcha en 2008.
El hospital debería estar listo en 18 meses, contando desde la firma del contrato de inicio de obra. Esto implica que la firma constructora está obligada a terminarlo a más tardar en julio de 2011, justo unos meses antes de las elecciones generales para renovar autoridades provinciales y nacionales.