La disputa que entabló el concejal José Risueño con su exjefe político, el intendente de Angaco, José Castro, sumó un nuevo round. Y el edil recibió un revés. Luego de que propusiera y contara con el apoyo de dos pares radicales para lograr la mayoría, el cuerpo legislativo municipal terminó echando a sus dos asesoras, ligadas a la gestión oficialista, para designar a otras dos. Según reconoció, lo hizo para tener gente de confianza en la investigación por supuestas irregularidades en la compra de gasoil para las movilidades departamentales. Sin embargo, el juez civil Luis Arancibia ordenó la reincorporación de las profesionales, al hacerle lugar a una medida cautelar que habían presentado el lunes, junto a una acción de amparo, confirmaron fuentes judiciales. En el planteo, las cesanteadas argumentaron que los despidos sólo se pueden realizar a través de un decreto del presidente del Concejo.

La decisión judicial trascendió ayer y revela un paso más en la escalada en la pelea que lleva adelante Risueño, quien integró las filas de Castro y fue expulsado del bloque oficialista. El concejal fue el que primero salió a denunciar públicamente que hay dudas sobre si efectivamente ingresó a la comuna el combustible pagado. Pero el intendente contraatacó y no solo contestó los puntos en los que se planteaban dudas sino que aseguró que la movida del edil se debió para tapar sus actos irregulares. Así, reveló que en diciembre lo había denunciado en la Justicia por "graves acciones administrativas". Si bien no dio detalles, en el área legal dijeron que, a pesar de que es concejal, se inmiscuyó en tareas del Ejecutivo dado que habría tomado decisiones en el área de Tesorería, de donde es subtesorero en uso de licencia. Y además, Castro dijo que el descontente de Risueño se debe a que no accedió a pedidos de favores políticos, como el uso de maquinaria municipal en su finca.

En esa trama política, tras el alejamiento del oficialismo, Risueño está aliado con dos ediles radicales y fue con ellos con los que logró el jueves la mayoría en el Concejo de cinco integrantes. Con el número, sacaron una resolución con la que echaron a la asesora contable, Patricia Hentz, y a la del área legal, Daniela Santana. Y en su lugar nombraron a la contadora Laura Mercado y a la abogada Alejandra Leonardo. ¿El motivo? Contar con gente de confianza para trabajar mejor en la comisión de Hacienda, con la que pretende llevar adelante la investigación por el tema del consumo de combustible, indicó Risueño. Castro dijo que "lamentablemente se está arrogando funciones de la Justicia. En dos años de trabajo no hizo ninguna observación". Y sobre las asesoras echadas, aseguró que "no conoce el mecanismo administrativo. La cesantía está a cargo del presidente del Concejo". El juez Arancibia resolvió la cautelar, ordenó la restitución de las despedidas y ahora deberá analizar la cuestión de fondo del amparo: si la resolución del cuerpo legislativo es ilegal.