Postura. La presentación local la hizo el fiscal de Estado, Jorge Alvo, ante el juez Leopoldo Rago Gallo. Pidió que los trabajos arranquen el 15 de diciembre.

 

 

El Gobierno le solicitó ayer a la Justicia Federal que la minera chilena Los Pelambre realice controles sobre el suelo y el agua luego de que retire las 40 millones de toneladas de escombros que depositó en suelo calingastino. El pedido lo hizo dentro de la opinión que formuló sobre el plan que presentó la empresa trasandina. Fiscalía de Estado y el Ministerio de Minería sostienen que la remoción debe hacerse en un plazo de cinco años y a partir del 15 de diciembre. La compañía extranjera sostiene que la tarea debe hacerse en cinco años y seis meses, más un año de gracia por cualquier contingencia.

La postura local fue presentada a primera hora por el organismo encargado de defender el patrimonio provincial, a cargo de Jorge Alvo. La presentación consta de un análisis técnico de la cartera minera, en la que se establece que "después de retirar la escombrera y efectuar las remediaciones correspondientes, la empresa minera Los Pelambres deberá llevar a cabo un monitoreo preventivo por un periodo no menor a cinco años". Recién cumplida esa tarea, "se procederá al cierre de las obras preventivas".

Según explicó el fiscal de Estado, la necesidad de que la empresa chilena lleve adelante un control, tras la remoción, es para "asegurar que todo el lugar afectado haya retomado su estado original". Mientras que el ministro de Minería, Alberto Hensel, indicó que "también se busca la recomposición de las lagunas que están en contacto con la escombrera".

En la audiencia llevada adelante el miércoles pasado, ante el juez Rago Gallo, la minera Los Pelambres presentó una propuesta de remoción que consistió en trasladar el material a una escombrera ubicada a 11 kilómetros, y como alternativa, a otra a una distancia de 19 kilómetros. Según trascendió, el costo estimado del traslado es de 100 millones de dólares, a cargo de la firma chilena.

Ahora, la decisión final está en manos del juez federal, que deberá decidir cuándo comienzan las obras, cómo se van a realizar y qué tiempo demandarán. El viernes, el fiscal Francisco Maldonado había aprobado el plan de Los Pelambres, aunque las condiciones técnicas las dejó sujetas al análisis que efectúen desde la repartición minera local.