Tras 18 años, los empleados de la planta permanente de la administración pública ya tienen la puerta abierta para ascender, pero para tener esa chance no deben tener deudas de impuestos ni estar en mora con la cuota de la casa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Ese es uno de los requisitos que exige el Gobierno y fue el mismo que tuvieron que cumplir los contratados para que quedaran efectivos. La medida tiene una matriz recaudatoria y el secretario de la Gestión Pública, Gustavo Sacks, señaló que “lo que se pretende es que el trabajador público no sea deudor del Estado que a su vez es su empleador”.

Con la ley 8.243, conocida como Modernización de Empleo, la gestión giojista impulsó el ingreso de personal y destrabó las recategorizaciones de los empleados para el llamado escalafón general o “seco”, las cuales estaban congeladas desde 1996 por normas que apuntaron a la contención del gasto público. Así entraron al Estado 3.630 contratados y en el transcurso de este año ascendieron casi mil trabajadores. Sin embargo, esta última masa de empleados no se vio obligada a pagar ni a regularizar su situación ante el fisco. La ley estableció que esta primera tanda, por única vez, no iba a cumplir ese requisito porque la idea fue recomponer la falta de movimientos por casi 20 años en la planta, que había quedado postergada por las normas de contención al gasto público, según explicó Sacks. De ahora en adelante, todos los que quieran recibir una recategorización tendrán que “sanear” su situación con respecto al impuesto automotor, el inmobiliario e ingresos brutos, en los casos que presenten deudas.

Para los nuevos ascensos, cada una de las áreas de los ministerios y secretarías de Estado tienen hasta el 30 de este mes para proponer un lote de empleados del escalafón general, o inclusive pueden solicitar la incorporación de trabajadores. Una vez seleccionado el grupo, la Dirección General de Rentas establecerá el nivel de deuda que tienen. Cuando esté el listado definitivo, este se envía al Ministerio de Hacienda para que haga el cálculo del gasto que será incluido en el presupuesto 2014, por lo que las recategorizaciones se harán efectivas a partir del año que viene. Para el empleado, subir de peldaños se traduce en una mejora en su sueldo. Si bien en las escalas inferiores la diferencia económica es pequeña, los adicionales salariales repercuten de manera distinta a medida que la categoría es más alta. Además, las promociones le permiten a un trabajador aspirar a concursar cargos elevados, como una jefatura de departamento.

Para llevar a cabo este esquema, el Gobierno diseñó un sistema en el que a cada repartición se le asigna una serie de puntos o créditos, los cuales se generan por un valor asignado a la categoría que deja un trabajador cuando se jubila, renuncia, fallece o es exonerado. Así se forma un paquete de puntos por el total de bajas en cada área, cuyo titular lo puede destinar a ascender o a incorporar a un nuevo empleado. Por esa razón, los retiros ahora despiertan expectativas y son controlados por una unidad especial del Ministerio de Hacienda (ver recuadro).

Pero responder a las obligaciones tributarias no son las únicas condiciones que deberán enfrentar los estatales. Al igual que los contratados, deberán realizar un curso de capacitación, no tener antecedentes penales por delitos dolosos, no estar en situación de quiebra y pasar el examen médico.