Luego de que 38 docentes fueran dados de baja de la extinta Escuela de Policía, al menos 33 de ellos comenzaron con los reclamos hacia el Gobierno para que modifique tal decisión. Como el Ejecutivo resolvió que la formación de los agentes y oficiales quedara en manos de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), la antigua institución que los capacitaba se quedó sin razón de ser. Así, los profesores (policías retirados y civiles) no tuvieron más tareas que desarrollar y luego de una licencia con goce de haberes, fueron despedidos. El planteo que esgrimen es que se ha violado su estabilidad como empleados públicos y solicitan que sean reubicados dentro del sistema educativo para que puedan seguir con sus tareas de docencia. “Y en el peor de los casos, que sean indemnizados”, dijo el abogado Daniel Persichella, quien representa a 18 de ellos.
El profesional presentó la semana pasada un recurso de reconsideración ante la Secretaría General de la Gobernación para que el Ejecutivo revea y cambie su determinación. Isidro Díaz, uno de los profesores y quien fuera presidente del Foro de Abogados, manifestó que esperarán la respuesta durante 30 días y que si no hay contestación, presentarán un pronto despacho para que el área se expida rápidamente. Y en el caso de que no haya novedades, aseguró que harán una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo. El único docente que directamente acudió a esa instancia, a través de una medida de impugnación judicial, fue Carlos Alcayaga, exjefe de Policía y actual abogado, quien persigue el mismo objetivo. Otro letrado que actúa en el caso es Raúl De la Torre, que asesora a 14 docentes y que también formuló un recurso de reconsideración. Los profesores se sienten afectados moralmente, desprestigiados (ver recuadro) y apuntan a ir hasta las últimas instancias.
La Escuela de Policía era históricamente la institución que preparaba física e intelectualmente a los aspirantes a agentes y a oficiales para su ingreso a la fuerza. Sin embargo, la gestión giojista impulsó el proyecto para que los postulantes tengan una capacitación universitaria a la hora de actuar en la prevención de hechos delictivos y en investigaciones criminales. Así, el 3 de febrero de 2012, se firmó el convenio entre el Gobierno y la UCCuyo, por lo que las actividades en la Escuela de Suboficiales y Agentes, la de Cadetes y la de Formación Superior fueron suspendidas y el cuerpo docente ya no tuvo tareas que cumplir. Se trata de 20 policías retirados de alto rango (comisarios, subcomisarios y oficiales principales) y 18 civiles, entre los que se encuentran abogados, médicos y profesores.
Tras el convenio con la Católica, el Ejecutivo les otorgó una licencia con goce de haberes hasta resolver su situación. Fue así que el 1 de agosto de este año, el Ministerio de Gobierno decidió darles de baja, basándose en la ley de emergencia de los servicios que presta la fuerza de seguridad, lo que le permite a esa cartera suprimir y modificar estructuras. En cambio, Alcayaga señaló que la misma norma establece la prohibición de despedir al personal. Por su parte, De la Torre dijo que “hubo un trato discriminatorio porque a todos los agentes estatales se les respeta el derecho a ser reubicados” y Díaz manifestó que son empleados públicos, a los que se ha violado su estabilidad laboral.