En la Cámara de Diputados de la Nación ya tiene dictamen de comisión un proyecto de ley que propone establecer un régimen reparatorio con la entrega de pensiones graciables a ex presos políticos del país en el período que abarca desde el 6 de noviembre de 1974 al 10 de diciembre de 1983. Un relevamiento realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos reveló que en San Juan hay 243 personas en condiciones de acceder al beneficio, según confirmó el titular del área, Hugo Zalazar. En el Congreso dan por seguro que la iniciativa va a prosperar porque entre los que le dieron aval se encuentran legisladores de estrecha confianza de la presidenta Cristina Fernández.

La ayuda está pensada para personas que hayan sido privadas de su libertad en condición de civiles o militares, condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles.

Según figura en el texto del proyecto, la pensión graciable será de carácter independiente de cualquier otra reparación, sin perjuicio de la indemnización que cualquier persona hubiera podido cobrar. En el caso de San Juan hay un antecedente al igual que en otras provincias, como Buenos Aires, Misiones, Mendoza, Córdoba y Santa Fe (ver aparte).

También se aclara que el beneficio será incompatible con toda otra prestación nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y que haya surgido de las mismas situaciones, quedando a criterio del interesado el derecho de poder optar por una u otra pensión.

El beneficio que establece la iniciativa será igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría D Nivel 0 (Cero), de la planta permanente del escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). En la práctica esa categoría representa unos 3.700 pesos. Los fondos necesarios para el pago de la ayuda saldrán del Tesoro Nacional y la autoridad de aplicación en el país será la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Según explicó Zalazar, desde el organismo nacional les pidieron hacer un relevamiento de los posibles beneficiarios con la ayuda, que arrojó que son poco menos de 250 los que reúnen los requisitos que fija el proyecto. Aunque aclaró que no todos los posibles beneficiarios terminarán accediendo a la pensión porque hay casos como los del gobernador José Luis Gioja o el cortista José Abel Soria Vega que, aunque estarían en condiciones de acceder a la pensión, por los cargos que ostentan, no lo van a hacer. Distinto es el caso de muchos ex presos políticos, según dijo Zalazar, que por la situación económica en la que quedaron tras la dictadura militar les vendrá muy bien la ayuda.

En el megajuicio por delitos humanos cometidos en la provincia durante la dictadura, que tiene sentados en el banquillo de los acusados a 7 militares retirados, entre ellos a Jorge Olivera, considerado el máximo responsable de la represión en la provincia, han pasado ya muchos testigos que en su relato expusieron que fueron privados de la libertad y sometidos a torturas y vejámenes en los centros de detención que funcionaban en San Juan por aquella época. Muchos de ellos están en condiciones de acceder a la pensión.