Como trabajaba en el área de Fiscalía de Estado que tramita los juicios ejecutivos para el cobro de créditos fiscales, la abogada Dora Zulema Monasterio tenía bajo su dominio un número importante de esas causas.

Tras jubilarse y dejar de cumplir sus funciones en el organismo, no perdió el control de muchos de los expedientes ya que nunca los devolvió. El entonces titular de la repartición, Guillermo De Sanctis (actual cortista), denunció a la profesional por la retención indebida de los documentos y apuntó que con su conducta está afectando el patrimonio del Estado porque está poniendo un escollo para continuar con el proceso de cobro de certificados de deuda enviados por distintas dependencias oficiales.

Según fuentes calificadas, Monasterio habría manifestado ante personal de Fiscalía de Estado que no piensa devolver los expedientes porque tiene honorarios por cobrar de los juicios que llevó adelante.

En la denuncia se hace reserva de un reclamo por daños y perjuicios contra la abogada.

Sin embargo, en el organismo entienden que el argumento no es válido, ya que puede pedir en los juzgados que le regulen los honorarios en un trámite aparte y así reintegrar las causas.

La denuncia fue presentada a fines de diciembre, pero trascendió la semana pasada. El escrito ingresó en la Fiscalía de Instrucción a cargo de Carlos Rodríguez y fuentes calificadas señalaron que este le pedirá al juez Benedicto Correa que le dé curso a la investigación. 

Monasterio obtuvo el beneficio de la jubilación el 30 de octubre de 2013 y desde Fiscalía de Estado le pidieron primero un informe detallado de los expedientes que estaban bajo su poder. Las causas fueron reasignadas a otros abogados para que siguieran con los juicios ejecutivos para cobrar las deudas, por ejemplo de Rentas, pero no pudieron avanzar porque los expedientes no se encontraban en el organismo ni en los juzgados civiles, de Paz y ni en el Contencioso Administrativo.

El pedido de devolución se hizo de manera verbal, por apercibimiento y hasta por carta documento, indicaron las fuentes. Como se agotaron todas las instancias y Fiscalía de Estado no obtuvo ningún tipo de resultado positivo en todo este tiempo, el camino que quedó fue la denuncia penal por retención indebida.

En la presentación no se descarta sumar otras incriminaciones en el caso de que no recuperen las causas, ya que se está obstaculizando el cobro de créditos fiscales y por ende, afectando el patrimonio estatal.