Su testimonio es clave para investigar el escándalo de los abultados precios de la ART de los estatales y en Tribunales había mucha expectativa por lo que tenía para decir. Pero Oscar Bernard, exasesor de la Secretaría General de la Gobernación durante la gestión giojista, pegó el faltazo y en la Justicia lo consideraron una "mojada de oreja", una burla. Es que ni siquiera fue él quien presentó un escrito ni avisó en los días previos que no iba a asistir, sino que un colega de su estudio jurídico se presentó con la citación en el juzgado para decir que no se encuentra en la provincia, pese a que el testigo debe estar al tanto no solo por el requerimiento judicial sino también por la trascendencia del caso. Ahora la convocatoria pasó para febrero y de no presentarse, será buscado con la policía, confiaron fuentes judiciales.

Pablo Flores, titular del Segundo Juzgado de Instrucción, junto al fiscal Daniel Galvani, habían citado a Bernard como testigo para avanzar con la causa por los abultados contratos directos que hizo la administración pasada, desde 2005 hasta 2016, con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), por el seguro de ART para los empleados estatales. El rol del exasesor era vital, ya que, según se desprende del expediente, los contratos pasaban por sus manos. Las fuentes indicaron que la actitud no cayó para nada bien y que "no es una buena señal", porque la misma representa una desobediencia a una orden judicial, ya que un testigo tiene la obligación de asistir, a menos que se lo impida su salud. Además, manifestaron que sorprende porque las citaciones judiciales son enviadas con tiempo, y para el caso particular de la causa de la ART, las testimoniales de Nayar Ojeda, Lara y Bernard, fueron emitidas juntas. Si la versión de las fuentes consultadas son reales, Bernard conoce por lo menos desde principio de mes que debía presentarse ayer en el Segundo Juzgado de Instrucción.

La causa se inició en marzo con la denuncia presentada por los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí, luego de que la gestión uñaquista llamara a licitación ese servicio y otros, como el seguro para los alumnos y las movilidades de salud pública, y generara ahorros millonarios adjudicando esas prestaciones a otras empresas aseguradoras (Ver cronología).

En el marco de la investigación, la Justicia había programado tres declaraciones testimoniales importantes para este mes. La primera ocurrió el jueves 14 con la presencia de Flavia Nayar Ojeda, exencargada de la agencia del IAPSER en San Juan. En su declaración, la joven indicó que como titular de la oficina local mantuvo conversaciones con Bernard, quien respondía por la provincia en materia de contratación de seguros.

La segunda testimonial estaba prevista para el jueves 21, con la convocatoria de Lara (tío de Nayar), representante del IAPSER en la provincia. Esa testimonial fue postergada para febrero por un impedimento del juez, quién cambió esta tarea por una recorrida de rutina en el Penal de Chimbas. Lo de ayer cayó mal en la Justicia, ya que ni siquiera Bernard comunicó su situación, sino que mandó a un tercero.

Ahorro en las arcas
 

Con la licitación y la adjudicación del seguro de ART para los estatales y la Policía a otra firma, la gestión uñaquista logró producir un ahorro clave. En un año la provincia pasó de pagar 504 millones de pesos anuales al IAPSER a desembolsar 184 millones a Provincia ART. El ahorro fue de 320 millones de pesos.

2017

7 de marzo

Los abogados Arancibia y Seguí radicaron la denuncia en la Justicia. Pidieron que se investiguen los presuntos sobreprecios y por qué se contrató de manera directa el IAPSER.

4 de abril

Las llamativas cifras por las contrataciones tuvieron repercusión nacional. El canal TN difundió un convenio firmado con el IAPSER en febrero de 2016, con la firma de Gioja cuando éste ya no era gobernador.

5 de abril

Gioja convocó a conferencia de prensa. Negó que la fecha del documento exhibido fuera la correcta. Bernard lo acompaño y justificó las alícuotas de los contratos. Ese día, el fiscal Galvani pidió la apertura de la investigación.

31 de octubre

Salió a la luz que la Justicia le había reiterado varias veces al IAPSER que envíe documentación. La demora llevó a que Galvani le pidiera al juez allanar las oficinas en Entre Ríos. La documentación llegó y el planteo no tuvo curso.

15 de noviembre

El fiscal Galvani le pidió al juez Pablo Flores que cite a Moisés Lara, a su sobrina Flavia Nayar Ojeda, a Oscar Bernard y a Mario Cersofio. El magistrado le dio el OK. Nayar fue la única que declaró. El resto quedó para febrero.