La Defensoría del Pueblo, un organismo constitucional creado para la defensa de los derechos de incidencia colectiva, exhortó a la Caja de Previsión para los Profesionales de las Ciencias Jurídicas a que brinde cobertura médica a través de una obra social a sus afiliados. La medida tiene lugar luego de un planteo del abogado Gabriel Sanz, quien también se quejó por los bajos haberes que se pagan. El organismo deberá llamar a una asamblea extraordinaria en el término de 10 días, a partir de la notificación, que tuvo lugar el viernes pasado, bajo la fiscalización de la Inspección General de Personas Jurídicas. De no cumplir, la ley prevé que la institución puede ser intervenida.
En respuesta al reclamo de la Defensoría, el directorio de la Caja de Previsión tiene previsto reunirse el miércoles por la noche para analizar las medidas a adoptar, según dijo su presidenta, Claudia Garramuño.
Sanz había pedido la intervención de la Defensoría del Pueblo debido a “la morosidad en la prestación médico asistencial”, un servicio que la Caja está obligada a brindar por su ley de creación, la número 446-S. También había planteado la “falta de cumplimiento en el pago de un haber jubilatorio digno”. Y se da en el medio de la discusión que se ha generado por las quejas que en los últimos tiempos han formulado letrados afiliados a la caja que los agrupa, molestos por la ausencia de cobertura médica y por los bajos beneficios que abona a los jubilados.
En los considerandos de la resolución, el defensor, Julio César Orihuela, tuvo en cuenta que se está “poniendo en juego la salud y el bienestar psicofísico de los pasivos, ello vinculado al incumplimiento de la prestación médico-asistencial por una parte y al pago de un haber digno por la otra”. Y agrega que no existe “Justificación lógica jurídica que ampare al incumplimiento en el que han incurrido las sucesivas administraciones”.
Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, Sanz había solicitado que se procediera a intervenir a la Caja, una posibilidad que está en manos de la Inspección de Personas Jurídicas.