El pago de los saldos de 2 cuestionados juicios de expropiaciones estuvieron ayer sobre el tapete en el juicio oral y público contra el juez Carlos Macchi, quien está acusado de cometer irregularidades en esos y otros 3 procesos más que le costaron millones de pesos a la provincia. En la audiencia se dio a conocer el testimonio por escrito del exministro de Hacienda, Aldo Molina, quien fue el encargado de autorizar la cancelación de casi 8,4 millones de pesos que faltaban en las causas “Ruiz, Guillermo” y “Anes, Ramón”. El extitular de la cartera económica deslindó responsabilidades y le apuntó a Fiscalía de Estado. Destacó que cuando el organismo que debe cuidar el patrimonio provincial requiere “fondos para hacer frente al pago de una sentencia firme, el Ministerio no puede seguir otro curso de acción que no sea el de abonar la suma exigida”.
Molina actualmente es miembro del Tribunal de Cuentas y como tal, está facultado a declarar por escrito en el Jury. En su paso por Hacienda, la provincia pagó un total de 25 millones de pesos por la causa “Ruiz” y otros 12 por el expediente “Anes”. En ambos quedó un saldo de casi 8,4 millones que se cancelaron pese a que ya se había disparado la denuncia penal por el escándalo. Ante la pregunta de por qué no aplicó el decreto que prohibe la indexación de las obligaciones que debe pagar el Estado (lo cual no hizo Macchi en el caso Ruiz, lo cual disparó el precio), Molina explicó que el Ministerio puede aplicar esa norma en sede administrativa, pero no cuando el fiscal de Estado (Mario Díaz) pedía recursos para el pago de una sentencia firme.