Frente al debate de la reforma K de la Justicia, 6 especialistas en Derecho Civil de distintos países centraron sus críticas sobre la modificación en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y sancionar a los jueces, en el que el oficialismo impulsa que los representantes de los magistrados, abogados y académicos sean designados por el voto popular, luego de candidatearse junto a los partidos. De los expertos consultados por DIARIO DE CUYO, todos se declararon en contra y la mayoría dijo que hay una intromisión del poder político.
Este medio entrevistó a 5 abogados y profesores universitarios y a una jueza, quienes están participando del IX Congreso Iberoamericano de Derecho Privado que se está desarrollando en San Juan desde el martes, en el que también se lleva a cabo la Primera Conferencia Internacional Argentino-Chilena de Derecho Civil. En el marco de la denominada “democratización de la Justicia” que propone el kirchnerismo, los profesionales se concentraron especialmente en la reforma del Consejo de la Magistratura.
La propuesta kirchnerista consiste en que los representantes de los jueces, abogados y académicos en el órgano surjan de una eleccón popular, en la que se deberán postular como candidatos de un partido político (ver claves). Ante esa situación, la titular del Cuarto Juzgado Civil de Santiago de Chile, María Paula Merino Verdugo, señaló que la propuesta argentina ha tenido repercusión en el país trasandino. “No estamos de acuerdo en que la designación de los consejeros sea por elección popular porque es una forma de politizar el nombramiento de los jueces. (El proyecto) ha causado mucho temor, por así decirlo, porque significa politizar un poder que no corresponde”, resaltó. Por su parte, el peruano Juan Espinoza Espinoza, profesor de Derecho Civil en las Universidades de San Marcos, la Católica y la de Lima, explicó los magistrados seleccionados por ese mecanismo “a la larga, se van a sentir comprometidos porque después le van a tener que devolver el favor a los que los ratificaron por motivos políticos”. Su colega uruguayo, Gustavo Ordoqui, docente de la Universidad Católica de Montevideo coincidió en que esos magistrados “se van a deber a quien los votó porque representa a un partido”, a lo que agregó categórico: “Me parece desastroso”.
El catedrático en Derecho Civil de la Universidad de La Coruña, España, y árbitro internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Domingo Bello Janeiro, resaltó que con ese tipo de medidas “se termina diluyendo un principio esencial que es el de la separación de poderes”. Su compatriota, Laura Gázquez Serrano, profesora de la Universidad de Granada, dijo que ve bien la participación ciudadana aunque aclaró que “una idea que podría ser buena, se va a ver deformada por la forma del funcionamiento” y en ese sentido explicó que “va a haber injerencia del poder político”. Otro que puso reparos fue Carlos Fernández Sessarego, profesor de la Universidad de San Marcos, en Perú, pero apuntando hacia la información que pueda tener la ciudadanía a la hora de elegir a los consejeros. “Los gremios (por las asociaciones de abogados y académicos) conocen mejor a su gente que el resto de la comunidad. En cambio el pueblo se va a llenar de voces que no son las más conocedoras. Ese es el riesgo, la seguridad va a sufrir”.
El otro eje polémico de la reforma kirchnerista es la limitación de la presentación de las medidas cautelares contra el Estado, salvo en situaciones que afecten a sectores socialmente vulnerables y se encuentre comprometida la vida digna, la salud o derechos alimentarios y ambientales. Sobre esta propuesta, la chilena Merino Verdugo señaló que “no conozco los fundamentos, pero a simple vista se ve un excesivo resguardo contra el Estado”. El peruano Espinoza expresó que se “le quiere dar un tratamiento privilegiado al Estado y es del todo injustificado”, mientras que la española Gázquez Serrano manifestó que “entiendo que las medidas cautelares deben ser amplias y no deben limitarse”.