La Cámara Penal declaró la nulidad de la causa donde se investigaba al abogado Santiago Graffigna por estafar supuestamente a algunos de sus clientes particulares en juicios de expropiaciones. El fallo aún no está firme porque puede ser recurrido, pero en la práctica significa que el caso vuelve a fojas cero y que, según fuentes judiciales, el profesional dejó de ser imputado y estar procesado. Todo esto, según los camaristas, por errores cometidos por el fiscal y la jueza, María Inés Rosellot, quien fue apartada del caso como lo obliga la ley. Mientras tanto, sigue adelante la magacausa donde se intenta dilucidar si con las expropiaciones que manejó el mismo abogado hubo fraude contra el Estado provincial.

La resolución tiene fecha 22 de diciembre, pero recién salió a la luz ayer. Está firmada por los integrantes de la Sala I Raúl Iglesias, Agustín Lanciani y Juan Carlos Peluc. Fundamentan en el fallo que Rosellot ordenó investigar un delito sin el requerimiento fiscal, como ordena el Código. Por otro lado, le endilgan al fiscal Daniel Guillén no describir el hecho por el que pretende que se investigue a Graffigna.

El proceso judicial es un desprendimiento de la megacausa que inició el Gobierno para que se investigue si hubo irregularidades en los juicios de expropiaciones que le causaron un perjuicio millonario al Estado. De todas maneras, son casos distintos y el segundo continúa en trámite (ver La megacausa).

La causa que fue declarada nula surgió cuando ex clientes de Graffigna en juicios de expropiaciones dijeron haber recibido menos dinero del que pagó el Estado por sus terrenos (Ver Cronología). La jueza lo procesó por, supuestamente, dejarse plata de sus representados (estafa).

Graffigna estuvo detenido, hasta que salió en libertad tras pagar una fianza de 300 mil pesos. Y la jueza declaró la falta de mérito para su ex socio, el abogado Horacio Alday.

Según fuentes judiciales, por ahora todo lo actuado queda en la nada, es decir Graffigna ya no está procesado, no se debe presentar en una comisaría todas las semanas y los embargos que pesaban sobre él quedan sin efecto. Además, el proceso se debe reiniciar. De acuerdo al fallo, la causa pasa al juez Leopoldo Zavalla Pringles, que le deberá remitir el expediente al fiscal para que decida si requiere investigar un presunto delito o que todo pase a archivo.

Quien puede recurrir ante la Corte la resolución es el abogado querellante, Diego Sanz, que ayer dijo que estudiará el caso para decidir los pasos a seguir.