Por la polémica causa de los juicios de expropiaciones de terrenos, fuentes de la investigación judicial estimaron que el perjuicio contra el Estado provincial por las causas ya pagadas rondaría los 70 millones de pesos a valores nominales, es decir históricos, y sin la correspondiente actualización. La cifra es muy posible que termine siendo mayor, ya que aún quedan muchos procesos por revisar.

Por poner un ejemplo, por un terreno de 1.200 metros cuadrados, ubicado en la esquina de San José y Matías Zavalla, en Capital, el Estado habría llegado a pagar 18 millones de pesos en concepto de capital, más otros 7 millones de pesos de honorarios, una cifra muy superior a los valores del mercado.

Estos datos se inscriben en el llamado escándalo de los expropiaciones, en el que el Gobierno presume que una red de abogados, empleados públicos y hasta jueces se habría puesto de acuerdo para que la Provincia pague de más por terrenos que adquirió para hacer obras, muchos de ellos ubicados en la zona del Dique Cuesta del Viento, que valían mucho menos. Por eso, el secretario General de la Gobernación, Walter Lima, presentó una denuncia penal en 2010 para que se determine si hubo estafa contra las arcas públicas.

La investigación partió del sumario administrativo que se le realizó al ex abogado de la Fiscalía de Estado Norberto Baistrocchi, que determinó que como encargado de defender a la Provincia en los juicios de expropiaciones fue negligente, por lo que fue separado del cargo.

Según fuentes judiciales, el sumario no contenía la documentación original y se ha ido incorporando prueba documental que se ha encontrado. Incluso hubo allanamientos en las oficinas de los abogados sospechados. La mayoría de los juicios de expropiación se tramitaron entre 1992 y 1994 hasta el año 2002 y se habrían empezado a cobrar a partir del 2005, según indicaron a DIARIO DE CUYO las fuentes consultadas.

En la mira
Por la causa, que investiga la jueza María Inés Rosellot, estuvo detenido y está procesado el abogado Santiago Graffigna, sospechado de haberse quedado con dinero que les correspondía a los dueños de los terrenos expropiados, a quienes les habría daba mucho menos dinero de lo que pagó Estado. El otro en la mira fue Horacio Alday, quien había sido socio de Graffigna, a quien le dictaron la falta de mérito.

Entre otros, los delitos que se investigan son fraude contra la administración pública, negociación incompatible con la función pública, violación de deberes de funcionario, cohecho y exacciones ilegales que, de comprobarse, podrían ser penados con prisión.

Entre los investigados de encuentran, además, los integrantes del Tribunal de Tasaciones y podrían haber funcionarios judiciales.