Como pasó en marzo, dentro de poco se espera una múltiple inhibición de magistrados en el sonado escándalo de las expropiaciones. La mayoría de los imputados ya apeló el procesamiento que les cayó encima y en función de lo que sucedió aquella vez, en Tribunales dan por sentado que los integrantes de la Sala II de la Cámara Penal que deben entender en esos planteos y casi todos sus colegas se irán excusando progresivamente por tener amistad con algunos de ellos. Eso podría demorar las resoluciones y una eventual elevación de la causa a juicio, porque obligará a buscar reemplazantes y no se sabe si será fácil encontrar jueces dispuestos a intervenir en un proceso que involucra a varios conocidos del ambiente laboral.
Los procesados por la jueza María Inés Rosselot son 11, en su mayoría por ser parte de la presunta asociación ilícita que infló el valor de terrenos expropiados y estafó a la provincia en cifras millonarias. Se trata del abogado Santiago Graffigna, el exfiscal de Estado Mario Díaz, la exjueza Rosalba Marún, la perito Ana María Melvin, el exempleado de Recursos Energéticos Néstor Adán Ruiz y los exmiembros del Tribunal de Tasaciones Pedro Bazzani, Joaquín Fernández, Julio Fernández, Eduardo Olivera, Adolfo Cravero y José Moreno.
Pasada la etapa de instrucción, la atención se centra ahora en la Cámara Penal. Casi todos los abogados defensores apelaron el procesamiento (el único que no lo hizo hasta ahora es Olivera) y los camaristas deben resolver si hacen lugar o rechazan los planteos y elevan la causa a juicio oral y público. Pero por los antecedentes recientes, es casi un hecho que habrá nuevas excusaciones y en Tribunales señalan que el trámite podría llevar más de la cuenta.
La lluvia de inhibiciones comenzó en el mes de marzo, cuando el abogado de Horacio Alday (el único implicado que no se ha presentado en la Justicia) recurrió el rechazo de la eximición de prisión de su cliente. A pesar de que era el único protagonista del incidente, los jueces de las tres salas de la Cámara Penal adujeron amistad o enemistad con los restantes involucrados y se apartaron. Toda esa cadena de excusaciones llevó dos meses, hasta que se conformó una sala especial con magistrados de primera instancia para analizar la situación: concluyeron que no correspondía invocar causales en relación a los otros sospechosos porque no eran parte en el planteo de Alday y en mayo resolvieron que debían intervenir los camaristas Juan Carlos Peluc, Eduardo Gil y José Vega.
Los tres jueces tienen pendiente el recurso de Alday y la excarcelación del principal sospechoso del caso, Santiago Graffigna (ver aparte). Y son los que recibirán las apelaciones a los procesamientos dictados por Rosselot.
Sin embargo, en función de la primera catarata de inhibiciones, en Tribunales aseguran que los tres darán un paso al costado. Vega se excusó de resolver esgrimiendo que es amigo de Joaquín Fernández, Gil expuso lo mismo en el caso de Moreno y Peluc fundamentó que compartió la conducción del Colegio de Magistrados con la exjueza Marún. Y como los implicados ahora sí son protagonistas de los recursos a resolver, es seguro que volverán a inhibirse. A la hora de buscar reemplazos se especula que lo mismo pasará con los camaristas que anteriormente declararon que les cabe las generales de la ley, es decir Ricardo Conte Grand, Eugenio Barbera, Raúl Iglesias y Ernesto Kerman.
En el medio asumieron nuevos jueces en la Cámara Penal y, en principio, no se sabe qué harán cuando les lleguen las apelaciones. Se trata de Silvia Peña Sansó y Juan Carlos Caballero. Si aceptan el cargo, el tribunal se podría completar con la designación de un juez de Instrucción de primera instancia. De lo contrario, la causa empezará a pasar por los jueces inferiores y la conformación puede llevar meses.
Las excusaciones de los magistrados causaron polémica en su momento. Pasa que si bien es una herramienta legal que busca garantizar imparcialidad en el proceso judicial, también se puede usar livianamente para escaparle al peso de ir contra tal o cual o preservar intereses personales. Aquella vez, en los pasillos del Poder Judicial surgieron dudas sobre si no se trató de una excusa o una maniobra corporativa, para no verse en el aprieto de tener que resolver a futuro sobre la difícil situación de una excolega jueza (Marún) y de profesionales conocidos en la tarea diaria de Tribunales (Graffigna, Alday y Díaz).