El fiscal de Estado, Jorge Alvo, no se anduvo con vueltas y aseguró que abogados defensores también vienen planteando chicanas y realizando maniobras dilatorias en otra causa ligada íntimamente al escándalo de las expropiaciones. Se trata de la demanda que realizó la provincia en la que pidió la anulación de 17 sentencias y el recupero de más de 40 millones de pesos porque aseguran que están plagadas de irregularidades, en las que se condenó a pagar al Estado cifras astronómicas por terrenos expropiados. En líneas generales, los planteos provienen, por un lado, de Santiago Graffigna, quien va a juicio bajo la acusación de liderar una banda que inflaba el valor de los inmuebles para que la provincia pagara de más. En su escrito, busca quitarle la competencia (intervención) al Juzgado Contencioso Administrativo. Los otros vinieron de Cayetano Dara, que patrocina a la exjueza Rosalba Marún, quien apuntó a quitarle el expediente a la jueza Adriana Tettamanti y trató de sacar magistrados en instancias de apelación, aunque no tuvo éxito, indicó Alvo.

Fiscalía de Estado hizo la presentación el 3 de agosto de 2016 y por dichos recursos defensivos, el caso aún se encuentra en la etapa preliminar, en la llamada mediación previa obligatoria. Es decir, todavía no se ingresa a la instancia judicial propiamente dicha, por lo que no deja de llamar la atención que se recusara a Tettamanti cuando aún no toma decisiones, explicaron fuentes calificadas. En ese marco, habrá más demoras, ya que las fuentes dan por hecho que habrá apelaciones de los defensores ante cualquier resolución en la fase estrictamente judicial.

El dato de las maniobras dilatorias salió a la luz tras la conferencia de prensa que encabezó Alvo luego de que se conociera el cierre de la investigación penal de la megacausa de las expropiaciones (Ver recuadro), en la que también aseguran que hubo chicanas. En la mira está una presunta red de abogados, exjueces y exfuncionarios (como peritos tasadores) que elevaron los montos de las sentencias. El órgano que protege el patrimonio local busca anular las condenas por fraudulentas, en las que el Estado terminó pagando 42 millones de pesos por la causa "Ruiz, Guillermo" y por terrenos en Cuesta del Viento. Y a través de una cautelar en sede penal, frenó el desembolso de poco más de 1.600 millones de pesos de otros expedientes (Ver aparte). Además de perseguir la anulación, Fiscalía de Estado busca que los responsables devuelvan el dinero.

La ley establece que en los expedientes en los que litiga el Estado se debe convocar obligatoriamente a una instancia de mediación previa, con el fin de que se pueda llegar a un acuerdo, cosa que se descarta en este caso. Pero dicha etapa de discusión ni siquiera se ha dado por las presentaciones que Alvo tildó de dilatorias y chicanas. Fuentes calificadas informaron que Dara recusó a la magistrada, pero que esta rechazó el planteo. El abogado apeló y luego pidió que se alejaran jueces de Cámara. Sin embargo, sus jugadas fueron desechadas. Y Graffigna apuntó a la incompetencia del tribunal, a lo que Tettamanti tampoco le hizo lugar. Igual, el abogado apeló y está pendiente dicha resolución.

El escándalo, a juicio

El juez Benedicto Correa, del Quinto de Instrucción, cerró la semana pasada la investigación de la megacausa de las expropiaciones y la elevó a la Sala Penal para que se realice el juicio. Así, marcó el final de la instrucción luego de ocho años. El fiscal de Estado, Jorge Alvo, y el abogado Rubén Pontoriero señalaron que hubo chicanas procesales que retrasaron su resolución. Al debate oral y público van los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday; los exjueces civiles Rosalba Marún y Carlos Macchi; los peritos de parte de Graffigna, Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos, y la experito de Fiscalía de Estado, Ana María Melvin.

Casos emblemáticos

Ruiz, Guillermo

El Estado pagó 25 millones de pesos por la expropiación de "una vereda" de 1.430 m2 que a mediados del siglo pasado no se canceló. Según la causa, el expediente lo inició Santiago Graffigna, al igual que el resto.

Cuesta del Viento

Comprende a un grupo de terrenos que fueron expropiados en Iglesia para la construcción del embalse del dique Cuesta del Viento. La provincia pagó en total unos 17 millones de pesos, según las fuentes.

Parque de Mayo

Es el caso más oneroso, el cual, de haberse pagado, hubiera puesto en jaque las cuentas provinciales. Por cinco hectáreas aledañas al Parque de Mayo, la sentencia alcanzaría los 1.500 millones de pesos.

Canal Benavídez

La provincia zafó de pagar poco más de 100 millones de pesos por dos hectáreas del entonces llamado canal Playas, hoy Benavídez. La causa está caratulada como Yanzón de Graffigna. La expropiación se hizo en 1949.

Herrería

En el expediente Herrería Gustavo, la provincia fue condenada a abonar 1,8 millones de pesos por una vereda de 124 metros cuadrados, afectada al ensanche de Avenida Paula Albarracín de Sarmiento 548 Sur.