Después de más de dos años y medio de investigación, la jueza María Inés Rosellot dará a conocer hoy su decisión de procesar a todos los sospechosos en el escandaloso caso de las expropiaciones. La resolución está lista desde ayer y según fuentes calificadas, a 10 de los involucrados les imputa como cuestión más grave ser parte de la asociación ilícita que cometió una millonaria estafa contra la provincia. El único que por ahora no es acusado por ese delito es el exfiscal de Estado Mario Díaz, aunque sí le endilga fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario y su situación sigue siendo complicada.

La resolución de la jueza se espera para primera hora de la mañana y como se esperaba, procesa a los 11 implicados por un amplio abanico de delitos. En la práctica es un paso más para que el caso sea elevado a juicio, aunque se especula que los abogados defensores apelarán a la Cámara Penal intentando dar vuelta la decisión.

De acuerdo a las fuentes, por asociación ilícita y fraude contra la administración pública son procesados el abogado Santiago Graffigna, la exjueza Rosalba Marún, la experito Ana María Melvin, el exempleado de Recursos Energéticos Néstor Ruiz y los exmiembros del Tribunal de Tasaciones Joaquín Fernández, Pedro Bazzani, Eduardo Olivera, Adolfo Cravero, José Moreno y Julio Fernández. El primero, sindicado como el que organizó las irregularidades que se cometieron para estafar al Estado, es imputado como el líder de la red delictiva y Rosellot dicta para él prisión preventiva, por lo que seguirá detenido.

A Díaz, en cambio, lo procesan sólo por fraude contra las arcas provinciales y por no cumplir con sus deberes de controlar los juicios de expropiaciones de la polémica como máximo responsable del organismo que defiende los intereses del Estado. En cuanto a la asociación ilícita, el delito más grave de los que se investigan, la jueza dictó la falta de mérito porque no encontró pruebas suficientes en su contra, explicaron las fuentes. Para el exfuncionario es un alivio, pero no tanto. Pasa que seguirá siendo investigado y si a futuro surgen elementos que demuestren lo contrario, podrá ser procesado también por ese delito.

Los otros imputados que eran empleados del Estado al momento de los hechos, comparten en parte la suerte de Díaz. Las fuentes contaron que a Marún, Melvin, Ruiz y los exintegrantes del Tribunal de Tasaciones les endilgan también incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Entre los sospechosos está también el abogado Horacio Alday, exsocio de Graffigna y el único que no ha comparecido personalmente. En la misma resolución, Rosellot ordena que sea capturado (ver aparte).

La resolución tiene más de 300 fojas y la funda en pilas de pruebas, testimonios e indagatorias que fueron tomados en el proceso judicial y jurisprudencia nacional. Rosellot está convencida que los involucrados montaron un aceitado sistema para inflar el valor de los terrenos que eran expropiados y sacarle así millones de pesos a la provincia por inmuebles que costaban mucho menos.