A 3 años y medio de que la gestión giojista realizara una denuncia en la Justicia por la existencia de una red delictiva que estafaba al Estado en juicios de expropiaciones, la jueza de la llamada megacausa, María Inés Rosselot, ya no intervendrá más debido a que se jubiló y se retiró el 30 de abril. En ese lapso, la investigación dejó el procesamiento de 11 implicados (salvo uno, el resto por el delito de asociación ilícita), se desprendieron casos paralelos y surgieron causas vinculadas. Por el retiro de la magistrada, su colega Benito Ortíz se hará cargo hasta que se designe un nuevo juez en el puesto que quedó vacante. Y hasta que eso suceda, deberá resolver sobre planteos pendientes y tomar nuevas medidas, por lo que aún queda un largo camino que recorrer.
La megacausa representa el mayor escándalo judicial que se recuerde en la provincia. Es que la mecánica de inflar el valor de los terrenos que la provincia expropiaba (por lo que se terminaron pagando sumas desorbitantes) tuvo un respaldo clave en los despachos de algunos jueces. De hecho, uno de ellos está procesado (Rosalba Marún) y otro (Carlos Macchi) fue destituido por un Jury de Enjuiciamiento (ver página 9) y ya fue denunciado. Además, están involucrados abogados y funcionarios estatales. Como 2 jueces están en la mira, eso ha provocado una serie de inhibiciones de magistrados, tanto de primera y segunda instancia, y fiscales, esgrimiendo razones de amistad, inclusive con otros implicados, lo que ha tornado difícil que la investigación avance a un ritmo normal. Inclusive, estuvo casi paralizada durante más de 2 meses debido a una licencia de Rosselot, ya que no hubo quién se hiciera cargo, tanto por excusaciones como por planteos de competencia.
LA MEGACAUSA:
En el expediente principal hay 10 procesados por conformar una asociación ilícita que se dedicaba a estafar al Estado. De acuerdo a la resolución de Rosselot, el líder de dicha organización es el abogado Santiago Graffigna, el único detenido y quien ya cumplió un año y 2 meses en esa situación. El resto está bajo la lupa como miembros de esa red, entre los que se encuentran la exjueza Marún (quien se jubiló para evitar un Jury de Enjuiciamiento), el exempleado de Recursos Energéticos, Néstor Ruiz; la experito oficial Ana María Melvin, y los 6 exintegrantes del Tribunal de Tasaciones (Joaquín Fernández, Pedro Bazzani, Eduardo Olivera, Adolfo Cravero, José Moreno y Julio Fernández). El otro imputado es el exfiscal de Estado, Mario Díaz, quien está acusado de fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos apelaron la resolución de Rosselot y la Sala II de la Cámara Penal todavía no resuelve las presentaciones.
CAUSA CONEXA:
Durante la recolección de testimonios para el expediente principal, exclientes de Graffigna en los juicios de expropiaciones declararon que recibieron menos dinero del que pagó el Estado por sus terrenos. Así surgió una nueva causa, en la que la magistrada procesó al abogado por estafa, dado que entendió que se quedó con plata de sus representados. La defensa de Graffigna apeló el fallo y la Sala I de la Cámara Penal decidió anularlo. Sin embargo, el representante legal de los exclientes del acusado recurrió a la Corte de Justicia, que ordenó que se dictara un nuevo fallo. Fue así que la Sala II confirmó la sentencia de primera instancia y Graffigna volvió a estar procesado. En este expediente paralelo también fue investigado Horacio Alday, exsocio del principal implicado, pero la magistrada le dictó la falta de mérito. A través de su abogado, Alday pidió el sobreseimiento definitivo, pero Rosselot rechazó el planteo, por lo que ahora está en estudio en la Sala II.
FALSO TESTIMONIO:
En otro expediente de expropiaciones, la misma jueza envió a la Fiscalía las copias de las declaraciones de Miguel Suraty y Celina Infante, implicados en una dudosa cesión de derechos, para que investigue si incurrieron en el delito de falso testimonio. La Sociedad San Vicente de Paul tenía los derechos de un terreno en Rawson, que le terminó cediendo a Suraty y a Mónica Almeida (luego ésta le entregó su parte a Infante) por un valor mucho menor al que en realidad debían cobrar y por el cual ya había una sentencia. La sospecha en general es que actuaron en acuerdo con Graffigna, pero en este punto en particular, la duda surge de los testimonios que dieron ambos, los que serán investigados por el Tercer Juzgado de Instrucción. Las copias recayeron en la fiscalía de Carlos Rodríguez, pero fuentes judiciales indicaron que se inhibió por razones de amistad con Infante.
LO QUE VIENE:
Tras el retiro definitivo de Rosselot, el que estará al frente de todos los expedientes del juzgado, incluida la megacausa, es Benito Ortíz, del Primero de Instrucción, hasta que se designe a un nuevo magistrado en el Quinto de Instrucción. En el horizonte está prevista la indagatoria a Alday, el exsocio de Graffigna y quien está en la mira como posible integrante de la asociación ilícita. También se avecinan las ampliaciones de las indagatorias de Graffigna y la exjueza Marún, por el caso “Basañez, Luis Alberto”, otro irregular juicio de expropiación. En este caso, se le tomará declaración testimonial a Basañez, quien le da el nombre a la causa. Además, se fijará nueva fecha para la declaración informativa al abogado Gustavo Mulet por el expediente “Suraty”, entre otras medidas.