La jueza María Inés Rosselot arrancó con la ronda de indagatorias en la megacausa de las expropiaciones y apuntó hacia lo más alto. Ayer interrogó al exfiscal de Estado Mario Díaz y a Adolfo Cravero, exmiembro del Tribunal de Tasaciones, a quienes les imputó la presunta participación en una asociación ilícita, entre otros delitos. Esa figura legal implica que un grupo de 3 o más personas, en la que está definida el rol de un jefe y sus miembros, se dedican a cometer delitos. De esa manera, la visión de la magistrada coincide con la sospecha que plantea la gestión giojista, que sostiene que hubo una red delictiva conformada por jueces, abogados y funcionarios que inflaron a cifras siderales el valor de los terrenos que expropió y que, en muchos casos, pagó la provincia, lo que significó una perdida millonaria para sus arcas. En ese escenario, también serán indagados el abogado Santiago Graffigna (señalado como el ideólogo de las maniobras), la exjueza civil Rosalba Marún, los 5 miembros restantes del organismo tasador, una experito oficial y un empleado de Recursos Energéticos (ver recuadro). El abogado Horacio Alday, otro de los sospechosos, se encontraría en el exterior.

La imputación del delito de asociación ilícita es provisoria, pero en el caso de perdurar hasta la instancia de juicio, contiene un castigo que es de cumplimiento efectivo en algunos casos, como el de los organizadores, cuya pena va de 5 a 10 años. El primero en ser indagado fue Díaz, el exfiscal de Estado, quien se abstuvo de declarar. Los investigadores lo tienen en la mira porque todo lo que pagó el Estado en expropiaciones cargadas de irregularidades fue durante su gestión. Y en todos los casos estuvo vinculado Graffinga. En ese marco, la jueza le imputó, además la asociación ilícita, su supuesta participación principal en fraude contra la administración pública, en función del delito de estafa, en 8 hechos. Entre ellos se encuentran las expropiaciones de terrenos que se cancelaron para hacer el dique Cuesta del Viento, en el que se destaca el expediente “Luna, Ricardo”; debido a que se cambió el criterio de tasación de los inmuebles, ya que un predio rural (como el de Iglesia) fue cotizado como uno en pleno radio céntrico. Además está la causa “Ruiz, Guillermo”; en la que la provincia desembolsó 25 millones de pesos por una vereda. Por otro lado, la magistrada también le enrostró a Díaz la tentativa de fraude contra el Estado en 4 hechos, que no se consumaron porque el propio Gobierno impulsó una medida cautelar para suspender los procesos y evitar que se consume un perjuicio fiscal enorme. De esos casos, el más escandaloso es el del Parque de Mayo, por el que la provincia debería abonar unos 1.000 millones de pesos.

El cuestionamiento contra Díaz es que nunca ejerció su papel como representante de los intereses de la provincia ante esos juicios. Señalan que no controló los procesos, los cuales estaban bajo su estricta supervisión. Y en ese punto se plantean si fue negligente o miró para otro lado. En ese marco, nunca verificó que las demandas se notificaran por oficio ante su persona o ante el Gobernador, un requisito ineludible. Por otro lado, sostuvo al abogado del organismo Norberto Baistrocchi (fallecido), que no era especialista en juicios de expropiaciones ni pertenecía al área inmuebles, quien además estuvo bajo sospecha. Además, no objetó pericias ni pidió informes por escrito, señalaron las fuentes. Por eso, también le endilgaron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tras la indagatoria, el exfiscal seguirá con prisión domiciliaria. Por su parte, Adolfo Cravero recibió la misma imputación que Díaz. Cravero era miembro transitorio del Tribunal de Tasaciones y sobre el organismo recae la sospecha de haber cambiado de criterio permanentemente, dando más valor a los inmuebles en los juicios de Graffigna.