La jueza de la megacausa de las expropiaciones resolvió ayer suspender hasta el próximo martes la indagatoria del abogado Santiago Graffigna, debido a que está de turno y necesita abocarse a otros expedientes con detenidos que tiene bajo su órbita. Fuentes judiciales aseguraron que todo se debe a que el principal sospechoso del caso ha puesto en práctica una estrategia que demora el proceso y que genera problemas operativos internos para atender otras causas en trámite. No obstante, dijeron que responderán a cada una de sus requisitorias para evitar a futuro planteos de nulidad.
Graffigna, que se encuentra detenido en la comisaría 28, está acusado junto a 10 personas más de integrar una red de abogados, jueces y empleados estatales que presuntamente se pusieron de acuerdo para estafar a la provincia en millones de pesos en juicios de expropiaciones. Su indagatoria comenzó el 11 de marzo y la jueza del caso, Marías Inés Rosellot, ordenó suspender la audiencia hasta el martes de la semana que viene.
Las fuentes explicaron que a la jueza no le quedó otra, porque está de turno y necesita hacerse de tiempo para resolver si les da o no la excarcelación a los detenidos que hay por 10 causas que ingresaron en los últimos días. Cosa que no podría hacer si continúa hoy y el lunes con las audiencias de Graffigna, porque tiene que estar presente sí o sí y le llevan toda la mañana.
Según las fuentes, la medida es una consecuencia de las dilaciones que Graffigna ha provocado en la megacausa. Pasa que el acusado viene pidiendo audiencia tras audiencia la ampliación de la lectura de las pruebas que lo comprometen y ahora solicitó lo mismo con las declaraciones testimoniales de los clientes que representaba en los polémicos juicios de expropiaciones y los peritos de Fiscalía de Estado. En definitiva, la indagatoria se ha extendido mucho más de la cuenta y en el Juzgado afirman que eso ha traído aparejado problemas de tiempo para atender el resto de las causas que tiene Rosellot, más cuando hace poco se quedaron con un empleado menos porque fue trasladado a otro organismo.
Si bien la ley le da derecho a Graffigna a conocer en detalle toda la prueba, en Tribunales dicen que no es razonable que una indagatoria insuma tanto tiempo e interpretan que se trata de una estrategia para estirar lo más que se pueda y encontrar algún error procesal que le permita pedir la nulidad de lo actuado. Ante eso, las fuentes dijeron que Rosellot está dispuesta a continuar hasta agotar toda la lectura que solicite el acusado y evitar así cualquier riesgo.
Lo cierto es que la indagatoria ya lleva doce audiencias y aún no se sabe a ciencia cierta cuándo terminará. Al término de una de esas audiencias, Rolando Lozano, uno de los abogados defensores de Graffigna, negó que haya una estrategia de demora y atribuyó todo a que su cliente está tomando contacto por primera vez con el expediente y a que, como está dispuesto a declarar, quiere ejercer “su derecho” de conocer las pruebas en las que se basa el fiscal Carlos Rodríguez para endilgarle tener participación en el escándalo de las expropiaciones.
Los otros involucrados son la exjueza Rosalba Marún, el exfiscal de Estado Mario Díaz, los exmiembros del Tribunal de Tasaciones Joaquín Fernández, José Moreno, Pedro Bazzani, Eduardo Olivera, Julio Fernández y, Adolfo Cravero; la experito oficial Ana Melvin, el exempleado de Recursos Energéticos Néstor Ruiz y el abogado Horacio Alday. La mayoría se abstuvo de declarar y la jueza les imputó la presunta participación en una asociación ilícita, entre otros delitos. Mientras que Alday aún no ha comparecido personalmente, está a la espera de que le den la eximición de prisión y le endilgan ser jefe de la organización.
En la Justicia calcularon ayer que hará falta, al menos, 10 audiencias más para terminar de leerle toda la prueba a Graffigna. Y recién ahí, empezaría a dar su versión de los hechos.
Mientras tanto, en forma paralela, hay otro proceso en marcha que tiene a otro supuesto partícipe de las maniobras en la mira. Se trata del juez Civil Carlos Macchi, sobre quien pesa un pedido de destitución por su presunta participación en los juicios que están sospechados (ver recuadro).