La megacausa de las expropiaciones que impulsa el Gobierno no se vio afectada por una resolución judicial que declara la nulidad de un proceso secundario que se venía sustanciando en Tribunales.

La investigación sigue su curso y fuentes calificadas aseguraron ayer que apareció un testimonio clave que ratifica que hubo maniobras fraudulentas para que el Estado pagara de más y una pericia que compromete a algunos de los actores que están en la mira oficial, entre ellos abogados. El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, dijo que en los primeros meses de 2012 se conocerán pruebas nuevas sobre las supuestas irregularidades que se cometieron para sacarle plata de más a las arcas públicas.

Aunque De Sanctis, que es parte querellante en nombre de la provincia, no dio detalles de los nuevos hechos que se han detectado, las fuentes contaron que un testigo da cuenta de que, al menos, por un terreno, se fijó de mala fe un precio muy superior al de mercado. Además, contaron, que hay una pericia que avaló que se pagara por toda la extensión de un inmueble, a pesar de que el 30 por ciento era un cauce de agua que es un bien inalienable del Estado.

La llamada megacausa se disparó el año pasado a raíz de una denuncia que hizo el secretario General de la Gobernación, Walter Lima, mano derecha de José Luis Gioja (ver Cronología). Presumen que una red de abogados, empleados públicos y hasta jueces se pusieron de acuerdo para que el Estado pagara más dinero del que correspondía por terrenos que expropió. El proceso está en estos momentos en la etapa de instrucción, es decir en plena producción de pruebas para intentar reafirmar las sospechas que se barajan.

Si bien por ahora no hay imputados, en el gobierno ponen la mira en algunos de los que intervinieron en las polémicas expropiaciones (ver Juicios...). El que está en el ojo de la tormenta es Santiago Graffigna, el abogado que llevaba la gran mayoría de los juicios en representación de los expropiados. Además, Norberto Baistrocchi, el abogado que actuaba por la provincia, miembros del Tribunal de Tasaciones, peritos y hasta magistrados.

Causa secundaria

De la causa principal se desprendió otra contra Graffigna y Horacio Alday, dos abogados que fueron socios. Fue por sospechas de que estafaron a clientes en juicios de expropiaciones dejándose plata de ellos. Algunas de esas personas declararon que recibieron mucho menos dinero de lo que el Estado pagó por sus terrenos. El primero fue detenido y procesado y sobre el segundo se dictó falta de mérito. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Penal declaró la nulidad del proceso y ordenó que vuelva a fojas cero, por supuestos errores en el proceso. Conclusión: todas las medidas dictadas quedaron, por ahora, porque el fallo no está firme, sin efecto.

De Sanctis aseguró que la nulidad de la causa secundaria no afecta en nada a la principal, es decir la que impulsa la gestión giojista. Esto, como ya lo dijo DIARIO DE CUYO, porque se trata de dos procesos diferentes, en donde se investigan delitos distintos. ‘En ella, estamos en pleno desarrollo y trabajo investigativo con la fiscalía, con el juzgado, sigue para adelante‘, dijo en referencia a la megacausa.

Sobre el fallo de la Sala I, De Sanctis sostuvo que ‘las nulidades son decretadas por errores formales, no por el fondo, los hechos son los hechos, nadie ha dicho que no sean verdad hasta aquí los hechos. Sobre la veracidad de los hechos, si pasaron o no, si hubo sobrevaluaciones o cómo se hicieron y las maniobras para llegar a esas sobrevaluaciones nadie se ha expedido, acá no hay sentencia de fondo, es una cuestión formal, que no conozco porque no soy parte‘.