Finalmente, Carlos Rodríguez reemplazará a Daniel Guillén como fiscal de la megacausa judicial por el escándalo de las expropiaciones. El segundo venía interviniendo desde el principio, pero se excusó cuando el Gobierno presentó una ampliación de denuncia que le apunta, entre otros, a dos jueces con los que dijo tener relación. Ayer, el expediente le llegó a Rodríguez y aceptó el cargo. Ahora, tiene que decidir si pide que se abra la investigación por los nuevos hechos que expuso la gestión giojista y que los magistrados sean indagados.

El tema del fiscal se había convertido en un problema para la llamada megacausa, que se disparó en 2010 por una presentación que hizo el Gobierno en sede penal ante la sospecha de que en juicios de expropiaciones actuó una red de abogados, jueces y empleados del Estado para sacarle plata de más a la provincia. Al inhibirse Guillén, hubo demoras y a más de un mes de haber ingresado la ampliación de denuncia de la gestión giojista, aún no se sabe si se investigarán los hechos y sin los nuevos involucrados tendrán que declarar y en qué carácter.

El expediente llegó ayer a manos de Rodríguez, quien comunicó su decisión de entender en la causa (ver ¿Quién es?). “Sí, estamos estudiando el caso para ver qué medidas tomamos”, le dijo a este diario. En lo inmediato, tiene tres opciones: pedir que los nuevos hechos denunciados pasen a archivo por considerar que no son delito, requerirle a la jueza de la causa, María Ines Rosellot, que investigue ante la presunción de que sí hubo delito o pedir medidas previas que lo ayuden a decidirse por uno de los dos primeros caminos.

La ampliación de denuncia fue presentada por Fiscalía de Estado a fines de junio y se refiere a un caso en el que supuestamente el abogado Santiago Graffigna apeló a una serie de maniobras irregulares para elegir en qué Juzgado litigar. Según el escrito, en Juzgados distintos había en trámite tres juicios de expropiaciones por lotes contiguos, los expedientes sorpresivamente se perdieron, el letrado se hizo parte en uno y se puso de acuerdo con su colega de Fiscalía de Estado Norberto Baistrocchi para reconstruirlos en uno solo en el Juzgado Civil Nº 1, a cargo de Rosalba Marún de Sobelvio.

En el Gobierno remarcan que Graffigna debería haber pedido la unificación de los procesos y no acumularlos arbitrariamente y advierte que esa irregularidad, contó con el “cómplice silencio” de Marún. Supuestamente, porque sabía del proceder de la jueza, que en procesos anteriores dictó sentencias “por montos sensiblemente superiores a las causas que se tramitaban en otros juzgados”.

Guillén se excusó aduciendo tener relación con Marún y Moisés Moya, el ex juez de Cámara que también fue señalado por el Gobierno en la última presentación que hizo por no excusarse de intervenir en un recurso del mismo caso a pesar de tener relación con Graffigna. El expediente pasó a otro fiscal, Fabricio Medicci, que expuso la misma razón que su colega y decidió apartarse. Mientras tanto, feria judicial mediante, la causa estuvo sin agente fiscal.

La actuación del fiscal es clave y sin él no se podría avanzar en el proceso. Pasa que es el dueño de la acción, es decir el que tiene facultades para acusar a el o los denunciados y motorizar la investigación.

A contar desde que recibió el expediente, Rodríguez tiene un plazo de tres días hábiles para tomar una resolución. Si interpone una acusación y pide abrir el proceso, debe solicitar también que sean llamados a indagatoria los que considere que pueden ser responsables del delito que expone el Ejecutivo.

A partir de la ampliación de la denuncia, bajo el ojo de la tormenta quedaron no sólo Graffigna, Marún y Moya, sino también algunos otros actores que participaron en el proceso judicial (ver Bajo la lupa). Cualquiera de ellos puede ser indagado como paso previo a que Rosellot decida si los procesa, los desvincula o dicta la falta de mérito.