Llegaba a San Juan con el peso de ser un reconocido empresario nacional y de desempeñarse como presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Así, en marzo de 2015, Héctor Méndez compró la compañía Delphi, que fabricaba mazos de cable para autos. Sin embargo, por los problemas financieros y la falta de compradores de los productos, la firma quebró a principios de 2018. En el medio, la AFIP denunció al entonces dueño de la empresa por retener indebidamente 12,7 millones de pesos en aportes de los empleados a la Seguridad Social, como la jubilación y obra social. Tras el procesamiento, el fiscal federal Francisco Maldonado le pidió al juez Leopoldo Rago Gallo que envíe la causa a juicio. Según trascendió de fuentes calificadas, la defensa de Méndez ya está notificada del planteo, al punto de que solicitó que el Tribunal Oral Federal, a cargo del debate, esté conformado por tres miembros.

De acuerdo al expediente, el área Legal de la AFIP puso la denuncia el 4 de febrero de 2019, en la que expusieron que fiscalizaron las declaraciones juradas de la compañía y constataron que en el período que va de mayo de 2016 a enero de 2017 no se pagaron los aportes y contribuciones a la Seguridad Social. El monto en ese plazo ascendió a un total de 12.710.264 pesos. En base a la declaración de los inspectores, se corroboró que la empresa no ingresó los aportes patronales a la fecha del vencimiento de la declaración jurada, ni en los 10 días posteriores, según establece la normativa. En ese marco, los sabuesos del fisco verificaron que la firma "contaba con patrimonio suficiente para cumplir" su obligación, sumado a que se determinó que tenía "capacidad económica" para hacerle frente a tales contribuciones, "en virtud de que se advirtieron pagos a diferentes proveedores de la empresa en aquella época", resalta la acusación fiscal.

Los aportes retenidos fueron desde mayo de 2016 a enero de 2017, según la AFIP.

En ese marco, Méndez era el director titular y presidente de Delphi Packard Argentina SA, de acuerdo al informe del Registro Público de Comercio. Por eso, Maldonado sostuvo que el empresario es el "responsable de apropiarse indebidamente de los recursos de la Seguridad Social, omitiendo efectuar los depósitos de los aportes y contribuciones de los dependientes a su cargo dentro de los plazos establecidos por la norma".

El juez Rago Gallo lo procesó por infringir el artículo 9 de la ley 24.769 del Régimen Penal Tributario, el cual establece una sanción de dos a seis años de prisión para "el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase la suma de 20 mil pesos por cada mes". La defensa de Méndez apeló a la Cámara Federal de Mendoza, la que confirmó el fallo, por lo que acudió a la Cámara de Casación Penal. Este tribunal ratificó la resolución de primera instancia, por lo que encaminó todo para el debate.

No es el primer caso de retención indebida de aportes, ya que la exsecretaria General de UDAP, Graciela López, y quien en ese entonces era el segundo, Luis Lucero (hoy titular del gremio), también se vieron involucrados en una causa parecida, aunque luego fueron desvinculados (Ver aparte). Méndez, además, fue considerado responsablemente solidario en el pago de la indemnización a un trabajador despedido injustificadamente en 2017, al igual que la automotriz Peugeot, que le compraba a Delphi (Ver aparte).

DETALLES

De acuerdo a la fiscalización que realizó la AFIP, en mayo de 2016, los aportes que retuvo la empresa fueron 1.013.237,79 pesos. En junio de ese año fueron 1.386.305,17; en julio 887.854,63; en agosto 1.223.720,17; en septiembre 1.305.206,68; en octubre 1.343.989,05; en noviembre 1.438.697,71; en diciembre 2.164.351,68, mientras que en enero de 2017 ascendieron a 1.946.901,87, según consta en la acusación fiscal realizada por Francisco Maldonado.

  • Fallo de la Justicia del Trabajo

El juez Federico Soria, titular del Cuarto Laboral, condenó a la empresa Delphi Packard SA a pagarle una indemnización superior al millón de pesos a un trabajador por un despido injustificado.

Como la compañía quebró, el magistrado consideró responsablemente solidario al empresario nacional Héctor Méndez, quien había comprado la compañía. También declaró solidariamente responsable a la automotriz Peugeot Citroen en el pago de la compensación, dado que esta tenía bajo subordinación a la firma Delphi, por lo que conformaban un mismo grupo económico. No obstante, los defensores de Méndez y la automotriz apelaron la resolución, indicaron fuentes judiciales.

Si el fallo quedase firme, el trabajador puede ir contra los tres o contra el o los que estén en condiciones de hacerle frente al pago indemnizatorio que haya establecido la Justicia.

  • Cómo zafó la excúpula de UDAP

La extitular de UDAP, Graciela López, y su adjunto, Luis Lucero, fueron procesados por retener indebidamente los aportes de la Seguridad Social de "sus empleados en relación de dependencia". Fue por un total de 2.677.517 pesos, correspondiente al período que fue de diciembre de 2016 a julio de 2017. Sin embargo, desde el gremio pagaron la suma a la AFIP y ambos se acogieron a la ley que impulsó el presidente Alberto Fernández en diciembre de 2019. La norma establece beneficios para aquellos contribuyentes que hayan cancelado sus obligaciones tributarias con el fisco, incluidos los procedimientos que están en etapa judicial, como fue el caso de los extitulares de UDAP.

La AFIP les concedió el régimen, por lo que el fiscal Francisco Maldonado planteó la extinción de la acción penal y el Tribunal Oral Federal (TOF) los terminó sobreseyendo.