En la audiencia en la que iba a ser enjuiciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público al haber ordenado el desalojo ilegal de una casa, el exinterventor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) durante la primera gestión giojista, Juan Terranova, solicitó ayer la prescripción de la causa a través de su abogado. En la práctica, es casi una sentencia de muerte al expediente que tuvo una demora en su resolución de poco más de 13 años. En el Juzgado Correccional que conduce Carolina Parra ahora sólo tienen que calcular si la acción penal se extinguió por el paso del tiempo sin que se hubiera llegado a una sentencia. De ser así, como todo lo indica, el exfuncionario quedará totalmente desvinculado.

La magistrada negó que haya habido "dilación" y atribuyó la situación a "una cuestión estructural", ya que señaló que "en los Juzgados Correccionales estamos saturados debido a que ingresan 1.500 causas por turno, tenemos plazos de prescripción mucho más cortos, además de investigar los hechos somos tribunales de juicio, hay poca cantidad de personal y manejamos como prioridad a los casos con detenidos y los de violencia familiar".

Lo cierto es que un escenario de prescripción revela la parsimonia para juzgar a un exfuncionario procesado por un delito, que está a pasos de ser absuelto pero no porque sea inocente sino por el excesivo paso del tiempo. Inclusive, Terranova fue citado a juicio en cuatro ocasiones, pero no asistió a ninguna de ellas.

La causa se mantuvo viva porque el Código Penal establece que la prescripción se suspende en el caso de los ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública y cuando el imputado siga desempeñando un cargo en el Estado. Según fuentes judiciales, la jurisprudencia señala que el procesado puede ejercer algún tipo de influencia en el caso desde un puesto con cierto poder. Terranova fue interventor del IPV desde 2003 a 2006, asesor del entonces gobernador José Luis Gioja y hasta el 15 de diciembre de 2015, secretario de Planificación Urbana de la Capital. Tras ese último puesto, las fuentes habían señalado que el ingeniero ocupaba un cargo en la Cámara de Diputados, pero su defensa presentó documentación que señala que ya no pertenece a la administración pública. Si bien tiene un lugar como técnico en la obra del anexo de la Legislatura, le factura al Estado como monotributista, por lo que no es personal de planta ni funcionario, indicaron las fuentes.

Así, el plazo corre desde el 15 de diciembre de 2015 y vence el 14 de diciembre de 2017, ya que se tiene en cuenta el máximo de la escala penal del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es de dos años, según el planteo defensivo. De acuerdo al expediente, el abogado Pablo Ruarte denunció que personal del IPV, por orden de Terranova, desalojó en diciembre de 2004 la casa de su madre, en Rivadavia, quien había fallecido. Luego de ser procesado, la defensa apeló en la Cámara Penal y llegó hasta la Corte de Justicia, instancias que también insumieron sus años.