La polémica por la cesión que hizo el gremio FOEVA de dos plazas del barrio del mismo nombre a un particular, que a su vez las vendió a privados, sigue dejando tela para cortar. Desde la gestión uñaquista adelantaron que harán una denuncia por el tema porque sostienen que, de acuerdo a la ley, los inmuebles estaban reservados para que sean de dominio público y por lo tanto, no se podían transferir. El abogado del sindicato, Alejandro Novaro, aseguró que si la entrega de los terrenos no estuvo dentro de la ley, tan sólo hubo un error, que el gremio no actuó de mala fe, que si corresponde una sanción penal lo deberá determinar la Justicia y que no tienen problemas en indemnizar a la persona que los recibió a cambio de unos trabajos que efectuó en la entidad. No obstante, destacó que, según la documentación que por ahora tienen, los inmuebles eran del gremio, por lo que podían disponer de ellos.

Tanto el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, como el fiscal de Estado, Jorge Alvo, le habían informado a este medio que harán una presentación en la Justicia para que se investigue si se desarrolló una de las posibles modalidades de estafa. Es que los terrenos del Barrio FOEVA, en Rivadavia, que hoy son dos plazas, estaban reservados para que fueran de dominio público, pero a través de operaciones que se desencadenaron hace cuatro años, actualmente están en manos privadas.

Novaro dijo que una de las plazas fue cedida con un fin específico.

De acuerdo a la documentación, el gremio consiguió en 1972 el OK de Planeamiento para hacer el barrio luego de que reservara dos terrenos que debían ser donados al municipio para equipamiento (escuela, puesto policial, correo, por ejemplo), tal cual exige el Código de Edificación. Por ende, dichos espacios no pueden ser vendidos a privados, explicaron en Fiscalía de Estado.

De hecho, en una reunión nacional de FOEVA en 2008, se ratificó que una parte importante de uno de los inmuebles, de 3.261 m2, se donara al municipio de Rivadavia y el resto, a un centro de jubilados. El encargado de llevar a cabo el trámite fue Blasco Alberto Novaro, actual secretario de Finanzas del sindicato nacional. Este manifestó, al igual que su hijo, el abogado Novaro, que se lo ofrecieron por escrito al entonces intendente Elías Álvarez, pero que nunca contestó las notas. El sindicalista además señaló que el exjefe comunal les dijo en una reunión que no aceptaba el inmueble porque registraba deudas.

El representante legal, a su vez, explicó que, de acuerdo a la información que ha reunido hasta el momento, los terrenos eran de FOEVA. Inclusive manifestó que al día de hoy le siguen llegando las boletas de impuestos por el lote donado al centro de jubilados. Por eso indicó que, al ser del gremio, la plaza de 3.261 m2 y la otra de 1.600 fueron cedidas en 2014 bajo la figura de dación de pago, es decir, como una cancelación de trabajos, a nombre de Paola Oliver Balaguer. Dicha decisión la tomó la comisión directiva del gremio. Blasco Novaro agregó que fue el esposo de la mujer, Marcelo Castro, quien "nos hizo unos cinco consultorios para atender a los afiliados y otras mejoras en un inmueble de FOEVA, en calle Mendoza antes de Laprida".

Según los registros, Oliver Balaguer vendió el primer terreno en un millón de pesos a un condominio. El segundo fue transferido en 300 mil pesos a Juan Carlos Lirio, quien cerró la plaza y encaró unas obras. Según trascendió, este último estaría dispuesto a que le expropiaran el terreno en 12 millones de pesos.