Frente a la decisión de la Sala II de la Cámara Penal que le concedió la prisión domiciliaria al abogado Santiago Graffigna, el fiscal de Cámara, José Mallea, mencionó que la resolución recae en una “gravedad institucional” porque abre la puerta a futuros planteos de otros internos que no cuentan con ese beneficio. Lo destacó en el recurso de casación que presentó el martes para que la Corte de Justicia revoque el fallo a favor del principal sospechoso en el escándalo de las expropiaciones, explicaron fuentes judiciales. En la sentencia, el Tribunal permitió que Graffigna esté preso en su hogar porque entendió que su permanencia en la cárcel podía impedir recuperarse o tratar adecuadamente los problemas de salud que tuvo y citaron una norma que contempla el derecho de los hijos menores de los detenidos de estar bajo el mismo techo de sus padres. Mallea consideró que el Penal está en condiciones de atender las dolencias del imputado y sobre el segundo punto dijo que esa ley se aplica a las mujeres que tienen hijos menores de 5 años. Así, sostuvo que puede ponerse en crisis el sistema carcelario debido a que pueden surgir pedidos de otros presos que estén en situaciones similares a Graffigna.
Desde que salió a la luz, la prisión domiciliaria que obtuvo Graffigna estuvo cargada de polémica. Margarita Camus, jueza de Ejecución Penal, había cuestionado la resolución de la Sala II al señalar que no era aplicable porque “la ley dice que el derecho superior del niño se invoca para las mujeres detenidas con hijos menores a 5 años”. Y también remarcaba su preocupación ante una “lluvia” de planteos de otros internos en ese sentido. Además, existen criterios dispares porque la Sala I le negó ese beneficio a una presa que tiene un hijo de 6 años y 2 menores de 5, dijeron las fuentes. Por eso, el fiscal apuntó a la gravedad institucional de la decisión y a la falta de igualdad ante la ley en referencia a otros casos similares, explicaron. Por eso, de intervenir la Corte en el recurso de Mallea, fijaría el criterio definitivo sobre ese punto.
Tras la denuncia de la gestión giojista, la Justicia investiga una red de jueces, abogados y funcionarios que se dedicaban a inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado para sacarle sumas millonarias. Graffigna está procesado como el presunto organizador de esa asociación ilícita. Dicha calificación no contempla la excarcelación y por eso fue el único de los 11 imputados en la llamada megacausa (ver recuadro) que estuvo más de un año detenido, primero en una comisaría y luego, en la cárcel. El sospechoso tuvo problemas de salud y sus defensores solicitaron la prisión domiciliaria, pero la jueza que llevaba adelante el caso (María Inés Rosselot, actualmente jubilada) se la negó. Así, los abogados apelaron y el pedido recayó en la Sala II, que hace 10 días le otorgó el beneficio basándose en una modificación de la ley de ejecución de la pena que establece que se puede aplicar a los presos enfermos cuya permanencia en la cárcel “le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia”.
El martes, Mallea presentó el recurso de casación ante la Sala II, que puede admitir y enviar el recurso a la Corte, o rechazarlo. Entre sus argumentos, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que el sector de Enfermería del Penal reúne las condiciones para el tratamiento de Graffigna. Allí contaba con una guardia médica permanente, dos enfermeros y hasta una ambulancia a su disposición, por si necesitaba ser trasladado a un centro médico de mayor complejidad. En cuanto a la norma que hace referencia al interés superior del niño, Mallea reflejó que en el caso del imputado, éste tiene hijas adolescentes y no menores de edad, por lo que no encuadraría en lo preceptuado en la norma, expresaron las fuentes.