Se dio vuelta la taba, señala la frase popular. Es que fuentes calificadas aseguraron que la fiscal Correccional Silvina Gerarduzzi le solicitará, entre esta semana o la que viene, al juez Matías Parrón que abra la investigación por el escándalo que se desató a fines de agosto en el Hospital Rawson cuando integrantes del grupo Provida habrían intentado frenar el aborto a una niña con retraso madurativo que fue violada. En la mira están la abogada Paola Miers y su esposo, el médico Federico Bazán, quienes estuvieron en los momentos previos de la práctica interruptiva del embarazo y radicaron una denuncia contra los profesionales que llevaron a cabo la intervención legal. Ambos van camino a ser indagados, indicaron las fuentes. También se encuentra bajo la lupa la actuación del médico Federico Antequeda, quien es de otra área del centro de salud e ingresó al Servicio de Pediatría, junto al matrimonio, para contactar a la madre de la menor y habría realizado una ecografía.

La decisión de la fiscal es clave, ya que es la encargada de impulsar la persecución penal de un hecho que se presume delictivo. El expediente le llegó luego de que su par de Instrucción, Daniel Galvani, considerara que de la propia denuncia que presentaron Miers y Bazán se desprenderían conductas que deben ser investigadas, además de que se estaría en presencia de una falsa denuncia. Así, Galvani consideró que el accionar de los médicos que realizaron el aborto no es punible, por lo que solicitó el archivo de la presentación de los antiabortistas.

La situación reveló la intransigencia de los militantes Provida, ya que el aborto a la niña se encuentra amparado en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, que contempla a las víctimas de una violación que sufren de una discapacidad o retraso madurativo, como el caso de la joven. Inclusive la Corte de Justicia de la Nación habilitó en un fallo trascendental que la intervención sea aplicable a toda mujer que padezca semejante ataque sexual. Y encima le advirtió a los médicos la "imposibilidad de eludir sus responsabilidades" ante esa situación.

La primera práctica legal en la provincia se dio luego del duro debate en el Congreso, en el que se impuso el rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo, no sin antes abrir una grieta entre los que están a favor y en contra.

La intervención que se le hizo a la menor desató duras reacciones de los antiabortistas a través de las redes sociales, que atacaron a los médicos que la llevaron a cabo. A pedido de los padres de la joven, la decisión fue tomada por las autoridades del Hospital Rawson, en base a los antecedentes legales.

Según las fuentes, pese a que Miers y Bazán no pertenecen a la planta de personal del Rawson, aun así "irrumpieron" en la habitación para hablar con la madre de la menor, en compañía de Antequeda, que pertenece a otro sector. Este último médico le habría realizado una ecografía a la joven, bajo la presencia del matrimonio, por lo que en su momento Galvani habló de un transporte irregular del equipo hacia la habitación en la que estaba internada. El hecho de hablar con la mamá fue para convencerla que diera a luz a la criatura y fuera dada en adopción.

Por otro lado, también estará en juego la existencia de una posible falsa denuncia de Miers y Bazán, dado que en el escrito expusieron datos que no existieron o que sucedieron de otro modo, según había señalado el representante del Ministerio Público luego de rechazar esa presentación.

 

Más detalles

Dureza

En la denuncia que hicieron, Miers y Bazán hablaron de que el bebé de la joven violada fuera entregado en adopción. En los fundamentos al archivo de la presentación, Galvani criticó la idea de la cosificación de la mujer.

 

Lo que viene

Fuentes calificadas señalaron que la fiscal Gerarduzzi definirá si incorpora en el llamado requerimiento de instrucción en qué figuras delictivas habrían incurrido los implicados. Una de ellas sería la de falsa denuncia.

 

Militantes Provida


Tanto Federico Bazán como Paola Miers (foto) llevan en sus perfiles de Facebook la consigna del "no" al aborto y que son Provida. El primero es médico y la mujer también tiene ese título y el de abogada. Ambos tienen imágenes en marchas por la campaña antiaborto.

Miers además tiene participación en política partidaria. En 2011 fue candidata a diputada nacional por el Frente Popular, respaldando al expresidente justicialista Eduardo Duhalde. Dos años más tarde, jugó con el basualdismo y fue la segunda en la lista para un lugar en la Cámara baja, detrás de Fabián Martín. En las PASO del frente opositor, cayeron ante Eduardo Cáceres. La mujer está afiliada al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y en febrero solicitó la nulidad de la renovación de las autoridades partidarias, cuya cabeza está en manos de Andrés Mercado.