En su paso por la Intendencia de Ullum, Daniel Albarracín y parte de su equipo cometieron irregularidades administrativas que les costaron una sanción del Tribunal de Cuentas. La causa recayó en Fiscalía de Estado, cuyos abogados iniciaron en el Juzgado Contencioso Administrativo el proceso para cobrar el daño patrimonial que ocasionaron a las cuentas municipales. Según fuentes calificadas, se trata de poco más de 311 mil pesos, sumados los intereses hasta el efectivo pago, que deberán desembolsar tanto el exjefe comunal como cuatro exfuncionarios, siempre y cuando se concrete la sentencia judicial. Pero además hay otros 231 mil pesos a recuperar por otras anomalías que entrarían en otros expedientes, destacaron las fuentes.

Las irregularidades administrativas que ingresaron en sede judicial tienen que ver, en primer lugar, con el pago de certificados de trabajos de remodelación de una planta potabilizadora, pero cuyas obras no se hicieron. En ese punto, los que quedaron complicados fueron Albarracín; el exsecretario de Obras, Horacio Ortiz, y el exsecretario de Gobierno, Rolando Chiffel, quienes van camino a devolver 235.249 pesos entre los tres, más los intereses. Esa inconsistencia además pasó a ser investigada en el fuero penal, junto a la construcción de un jardín maternal. En dicha causa se encuentra procesado el exintendente y Ortiz (Ver recuadro). Otra de las anomalías administrativa está vinculada a la desaparición de 13 celulares comprados con fondos municipales, entre los que figuran el exjefe comunal y quien fuera la encargada de Patrimonio, Miriam Albarracín. El castigo del Tribunal de Cuentas fue que tienen que devolver 22.552 pesos más intereses. Y la restante es por el uso de viáticos y pasajes no rendidos, por un monto de 53.797 pesos, en la que quedaron comprometidos la exasesora privada de la Intendencia, Karina Laurencio, y el extesorero municipal, José Alfaro.

El Tribunal, el órgano encargado del control posterior del gasto público, había analizado la cuenta 2015 de la gestión de Albarracín, su último año de gobierno, y ahí detectó las inconsistencias. Así fue que le formuló cargos y los exfuncionarios presentaron ante el mismo organismo un recurso para que revea su decisión, cosa que no sucedió. Como los implicados no acudieron a la Corte de Justicia, la otra instancia de revisión, el castigo quedó firme.

Por eso, los abogados de Fiscalía de Estado, que conduce Jorge Alvo, iniciaron lo que se denomina el proceso de ejecución de sentencia ante el juzgado que dirige Adriana Tettamanti. Según las fuentes, el órgano que protege el interés patrimonial de la provincia debe determinar qué bienes tienen los implicados para someterlos a embargo con el fin de asegurarse el cobro. Tras ese paso, se notificará a los exfuncionarios de la situación, en la que pueden pagar las sanciones monetarias o articular algún tipo de defensa. Si sucede esta última posibilidad, será la magistrada la que debe dictar sentencia.

El Tribunal de Cuentas había castigado al exintendente y al exsecretario de Obras a devolver 184.450 pesos por el pago de obras en la construcción de un jardín maternal en el Barrio Ullum II, pero cuyos trabajos no se concretaron. Y también sancionó a Albarracín y a la exencargada de Patrimonio a reintegrar 28.875 pesos porque nunca fueron hallados bienes de la comuna que habían sido dados de baja por mal estado. Dichos cargos también habrían quedado firmes, los que serían cobrados por Fiscalía de Estado en otro expediente, dijeron las fuentes.

Otras denuncias

Celulares

El actual intendente denunció que Albarracín compró con fondos públicos 13 celulares que luego desaparecieron. La causa se gestó en febrero de 2016 y recayó en la Fiscalía que conduce Carlos Rodríguez, quien hizo el requerimiento de instrucción.

Firma y chatarra

Albarracín está denunciado por la presunta adulteración de una firma en una orden de pago y por la supuesta donación de chatarra del obrador municipal a un particular, quien terminó retirando los elementos, pero que no tenía la autorización de la comuna.

La causa penal

A mediados de 2017, el juez Martín Heredia, del Cuarto de Instrucción, procesó al exintendente Daniel Albarracín y a quien fuera su secretario de Obras, Horacio Ortiz, por fraude contra la comuna de Ullum. El magistrado lo encontró responsable del pago de trabajos que no se hicieron para terminar un jardín maternal y arreglar la planta de agua potable del departamento, desembolsos que le significó un perjuicio de casi 420 mil pesos a la comuna.

Los dos exfuncionarios fueron procesados sin prisión preventiva, ya que la escala penal del delito contempla la excarcelación. La defensa de ambos apeló la resolución, por lo que ahora el expediente espera la resolución de la Cámara correspondiente. Todo se desencadenó en febrero de 2016, cuando el actual intendente, el basualdista Leopoldo Soler, radicó una denuncia contra su predecesor.