Las nuevas transferencias irregulares que había realizado el extesorero de la Policía, Oscar Vaneti, dejaron al descubierto más movimientos inusuales, por lo que el personal de la Unidad Fiscal Delitos Especiales llevó a cabo ayer la audiencia de acusación contra otros cuatro sospechosos. Así, salió a la luz que una repostera, que no pertenece a la fuerza, recibió casi un millón de pesos en giros injustificados. Para las autoridades del Ministerio Público, la mujer no fue la única beneficiaria de las transacciones, ya que también figuran tres miembros de la Policía. Incluso, aparecieron nuevos montos percibidos por quien fuera el titular de la Tesorería y su mujer, María Ivana Olivares. Ambos embolsaron más de 1.600.000 pesos; mientras que también ingresó dinero a la cuenta de la cabo primero Carolina Tejada Montaño. Los tres ya habían sido condenados por el delito de peculado. Así, el rojo para las arcas del Estado asciende a casi 7 millones de pesos, cifra por la que Fiscalía de Estado, que encabeza Jorge Alvo, amplió la demanda para el recupero de los recursos y asegurar que las cuentas estatales no se vean afectadas.

Quien realizó la formalización de la investigación penal preparatoria fue el fiscal Iván Grassi, en conjunto con el ayudante fiscal Mariano Carrera. Entre ambos, le solicitaron a la jueza de Garantías Gema Guerrero, que abra la investigación, lo que fue aceptado. Los representantes del Ministerio Público habían pedido un año de estudio, pero la jueza redujo ese plazo a tres meses. Tras ese periodo, más una prórroga que podrán solicitar, la UFI deberá encarar el juicio contra los nuevos implicados en el delito de peculado, que contempla una pena de dos a diez años de prisión.

Los nuevos datos revelados ayer surgieron de un informe de auditoría que la Policía hizo luego de que Vaneti, su mujer y su secretaria fueran condenados. Así, las autoridades presentaron el 7 de julio pasado la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, contra otras cuatro personas más, beneficiarias de las transferencias del extesorero. En esa línea, los fiscales indicaron que una de las involucradas que más recursos percibió fue Romina Tejada, que no pertenece a la fuerza, que sería sobrina de la exsecretaria de Vaneti y que, a su vez, es proveedora de la Policía. La mujer afirmó ante la jueza que es repostera.

Carrera dijo que "se han detectado transferencias que no tienen acto administrativo o contrato alguno que le dé sustento o fundamento a la cuenta particular de Romina Tejada, en cinco oportunidades, desde dos cuentas distintas de la Policía, por 963.196,64 pesos".

Los otros uniformados en la mira son Evangelina Porra, Roberto Gaitán y Cecilia Cortéz, por montos que van desde los 49.986 pesos a los 737.711 pesos. Según la acusación, a Porra le hizo un solo giro, mientras que al resto de los policías fueron dos y 16 transacciones, respectivamente.

Por otro lado, el extesorero logró hacer "un descalabro" en cinco cuentas de la fuerza en las que no asentó ingresos, omitió acreditar valores y realizó pagos desde unidades que no correspondían, todo para "tapar" su verdadero propósito, según destacó la Fiscalía. De las cuatro personas imputadas ayer, sólo dos hicieron uso de la palabra. Por un lado, Gaitán negó haber recibido recursos extra de la Policía, mientras que Porra explicó que Vaneti la ayudó con 50 mil pesos que le transfirió, pero que ella nunca supo que provenían de la fuerza. Además, dijo que ese monto se lo reintegró al extesorero.

Tres condenados

El 26 de mayo de este año, la jueza Gema Guerrero condenó al extesorero de la Policía, Oscar Vaneti, a 3 años de prisión efectiva por el delito de peculado, en calidad de autor. La magistrada también castigó a la esposa del subcomisario, la también policía María Ivana Olivares, y a la cabo primero Carolina Tejada Montaño, secretaria de Vaneti, con 2 años y 6 meses en suspenso (sin encierro). A las dos les imputaron el mismo delito, pero en calidad de partícipes principales.

La sentencia se dio luego de un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Iván Grassi y los defensores de los imputados, quienes reconocieron su culpabilidad.