La jugada le salió muy cara. Una empleada de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pidió licencia por tres días por una enfermedad hepática, pero en su puesto de trabajo detectaron que el certificado médico era trucho. Es más, corroboraron que en los días que se ausentó por el tema de salud se encontraba en Chile, cuando el diagnóstico indicaba que tenía que hacer reposo. Desde el organismo previsional no sólo la echaron sino que también la denunciaron y el fiscal federal Francisco Maldonado pidió que se investigue a la mujer como presunta autora del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y que la misma sea indagada. Es que en los días en los que pegó los faltazos le pagaron las licencias, indicaron fuentes calificadas. Ante el planteo del agente del Ministerio Público, titular de la acción penal, es un hecho que se desatará la instrucción.

El tema no es menor, ya que representa una fuerte movida contra aquellas "avivadas" en las que pueden incurrir algunos trabajadores para aprovecharse del Estado, su empleador, como el hecho de no ir a cumplir tareas y, aún así, seguir cobrando. Además, el otro punto grave es que la sospechosa puede quedar en la mira por adulterar un documento para un beneficio personal.

Según las fuentes, la involucrada es María Eugenia Molina, quien desarrollaba tareas administrativas en la Oficina Bicentenario de la delegación local de la Anses San Juan. La mujer presentó un certificado en el que el médico Rodolfo Gualpa Rodiño le diagnosticó un cuadro de enfermedad hepática y le recetó reposo por cinco días desde el 26 de diciembre de 2017, fecha en la que habría sido revisada por el profesional. Sin embargo, desde el organismo previsional denunciaron que el médico nunca pudo haberla atendido ese día, ya que constataron, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, que la mujer se encontraba en Chile desde el 25 de diciembre, es decir, un día antes. Desde el área legal entendieron que Molina estaba de viaje en el exterior y utilizó un documento médico apócrifo para figurar en los registros de la Anses como que se encontraba de licencia para justificar las inasistencias. Período en el que se abonó el supuesto permiso médico.

Ante tal escenario, desde el organismo previsional dispusieron el despido con justa causa de la agente estatal, por lo que no sólo perdió su sueldo sino también indemnización alguna. Pero no sólo eso, ya que ahora también enfrenta una causa penal. Es que a mediados de junio se radicó la denuncia en la Fiscalía Federal, desde donde salió a principios de este mes el llamado requerimiento de instrucción, es decir, el pedido del fiscal Maldonado al juez Leopoldo Rago Gallo para que abra la investigación. La imputación tiene que ver con un tipo especial de estafa, el "fraude en perjuicio de alguna administración pública", valiéndose del "ardid o el engaño". La escala es de dos a seis años de prisión, por lo que el mínimo del castigo y el hecho de que no tenga antecedentes le permitirá no ir a la cárcel en el caso de que sea encontrada culpable, pero le quedaría una mancha en sus antecedentes penales y laborales. Además, Maldonado no sólo pidió la indagatoria de Molina sino también la declaración testimonial del médico para que ratifique o rectifique su firma y lo que contiene el certificado, el cual habría sido expedido por él. En definitiva, las fuentes explicaron que se busca determinar si el profesional fue cómplice de la maniobra o en realidad se adulteró el documento, por lo que podría entrar a tallar la figura de falsificación.

Sin puesto. La mujer se desempeñaba en la Oficina Bicentenario de la delegación local de la Anses. Cumplía funciones administrativas y fue echada luego de que se descubriera la maniobra. Ahora enfrenta una causa penal.
 

Consecuencias
 

Ante la situación, la empleada perdió su trabajo y por ende su sueldo. Además, no tendrá posibilidad de recibir una indemnización. Por otro lado, provocó que se iniciara una investigación, lo que terminó en una causa penal en su contra. Si los hechos se confirman y podrá ser condenada, lo que significará una mancha en sus antecedentes.

Delito

6 Son los años como máximo que establece el Código Penal para una condena por estafa a un organismo de la administración pública.

Testimonios
 

El fiscal Federal, Francisco Maldonado, pidió indagatoria para la presunta responsable de los hechos, María Eugenia Molina. Por otra parte, también requirió la declaración testimonial del médico Rodolfo Gualpa Rodiño. De esta manera tratarán de esclarecer los hechos y de comprobar si la firma del certificado es realmente la del profesional.

Un antecedente escandaloso

En 2016 la fiscal Correccional mendocina Anabel Orozco, pidió licencia por enfermedad, pero la aprovechó para irse de viaje a Brasil. El certificado médico fue expedido por un traumatólogo, el cual indicaba 10 días de reposo. La mujer se fue al exterior e inclusive subió fotos con amigas a Facebook. El Ministerio Público de Mendoza abrió una causa penal. La fiscal pidió la renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación, pero el gobernador Cornejo se la negó. Así, enfrentó un jury de Enjuiciamiento y en 2017, el Tribunal la destituyó de su cargo por "desorden de conducta".