A pesar de que es una práctica ilegal, un relevamiento de DIARIO DE CUYO reveló que en kioscos, estaciones de servicio y supermercados de la provincia es moneda corriente la venta libre de medicamentos que exigen indicación por receta médica. En cajas o por unidad, entre otras cosas, expenden vaso constrictores, antiespasmódicos y hasta antibióticos. La inquietud surgió a raíz del escándalo nacional de la mafia de los medicamentos, que a su vez reavivó en San Juan una vieja discusión por la falta de controles sobre estos comercios que actúan en forma paralela a las farmacias. El debate hizo que la Cámara de Diputados retomara el tratamiento de un proyecto que le da facultades a Salud Pública para actuar.
La ley que regula el circuito de los medicamentos habilita a los kioscos, drugstores y supermercados a comercializar los que son de venta libre -por ejemplo: aspirina y analgésicos leves- y les prohibe el expendio de los que son bajo receta, exclusividad que tienen las farmacias. Sin embargo, este diario recorrió 20 locales y en 18 pudo comprar libremente y sin problemas remedios que exigen la indicación escrita de un médico.
Entre otros, un vaso constrictor como el Migral, antiespasmódicos (Sertal y Buscapina compuesta), Diclofenac por 75 mg., Dorixina y el antibiótico Amoxicilina. Inclusive, en Salud Pública dicen que hay denuncias por lo bajo que indican que se puede conseguir Valium y hasta Viagra.
La diferencia entre las exigencias de venta no es caprichosa. Los de venta libre generalmente no tienen muchas contraindicaciones, mientras que los de bajo receta pueden generar complicaciones graves en la salud si no son suministrados en su dosis justa o si son incompatibles con alguna patología que tenga el paciente, aseguró Flavia Vera, una de las farmacéuticas del Hospital Marcial Quiroga (Ver Salud…).
En San Juan no hay un organismo oficial que puede controlar si la ley se cumple. Salud Pública tiene facultades para inspeccionar a las farmacias y a las droguerías, pero están fuera de su alcance el resto de los comercios. Por eso, el año pasado ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de Javier Ruiz (PJ) para habilitar al organismo a actuar también en esos casos, pero nunca se trató. Y hace apenas una semana, la iniciativa revivió y está en tratamiento, luego que explotara el caso de la mafia de los medicamentos (Ver aparte).
Por lo pronto, la División Farmacias de Salud Pública se mueve con las limitaciones de la ley y según fuentes calificadas, en la Justicia Penal hay una 90 empresas denunciadas por venta irregular de medicamentos.
Mientras tanto, sin una herramienta que permita ir a fondo, es casi imposible saber el estado de los remedios que se comercializan fuera de las farmacias y mucho menos, cuál es el mecanismo utilizado para que los que son bajo receta lleguen de la droguería al puesto de venta.