Buenos Aires, 20 de mayo.- “El debate en torno a la ley de protección de glaciares ha llegado a un nivel de
confusión que creemos no está conduciendo a la mejor ley posible ni aporta al
verdadero objetivo: la protección de los glaciares y del área periglacial”, señala el comunicado recientemente redactado por la multinacional ambientalista Greenpeace.
Motiva la declaración el nuevo debate en el congreso nacional acerca de dos proyectos de ley para la protección de los glaciares, uno presentado por el Senador Filmus y otro conocido como Ley Bonasso, ya aprobado por las cámaras legislativas y vetado por la presidenta de la Nación.
Según la ONG, “este estado de situación no permite que se atienda,
con la urgencia que requiere, el problema de la minería de alto impacto que afecta a
todo el territorio nacional”.
Greeenpeace sostiene que “es necesario retomar un debate preciso en torno a la
protección de los glaciares y al freno de la minería de alto impacto; dos temas que
han adquirido una importancia superlativa en la opinión pública”. Al mismo tiempo manifiesta su satisfacción porque este tema hoy tiene “en gran medida a la posibilidad de ser debatidos en el Congreso Nacional”.
Dentro del documento, que incluye también posturas contrarias a la minería de uranio y del carbón, Greeenpeace sostiene que “se han generado expectativas desmedidas en torno al
alcance de una ley de protección de glaciares y su impacto sobre la actividad
minera”. Para la ONG, si bien esta ley es una contribución positiva que establece un régimen de protección del ambiente glaciar y periglacial que podrán redundar en el
establecimiento de límites a proyectos mineros (fundamentalmente Pascua Lama, de Barrick
Gold), “se necesita con urgencia establecer instrumentos a otra escala para hacer
frente al grave problema de la minería en nuestro país”.
Finalmente, el comunicado culmina con una serie de exigencias al congreso de la nación, entre las que se cuentan la de “aprobar urgentemente una ley de Presupuestos Mínimos de Protección de
Glaciares y Área Periglacial, esenciales reservas de agua y reguladores del suministro de agua en zonas como Cuyo”; prohibir la minería “en base a la utilización de cianuro, como primer paso para la erradicación de la minería de alto impacto”; y medidas económicas como la desactivación del “régimen de subsidios y beneficios que se le otorgan actualmente a las actividades mineras – por ejemplo, la Ley 24.196 (1993)-“, ya que, afirman los ambientalistas “sólo así se podrán impulsar políticas de mejor aprovechamiento de los recursos naturales no renovables”.
Sobre carbón y uranio, la ONG pide producciones mínimas destinadas al abastecimiento interno y no a la exportación; y a alimentar, en caso del carbón, la capacidad instalada de generación.