En un breve encuentro que se dio el jueves en Buenos Aires, la provincia le comunicó formalmente a la Nación la rescisión del convenio por el cual el Servicio Penitenciario local se hace cargo de la contención de los presos federales. El motivo de la baja es claro: hace 21 meses que el Ministerio de Justicia de la Nación no hace frente al canon que acordó con el Ejecutivo sanjuanino generando una deuda que asciende a los 60 millones de pesos. La caída del acuerdo es una presión para la administración nacional ya que es sabido que no cuenta en la provincia con lugar propio para tenerlos. Según quedó establecido en la presentación del jueves, de no llegar a una solución, el 20 de octubre la Nación debe reubicar todos los presos federales.

Según los datos oficiales, en el Penal de Chimbas hay 219 detenidos entre condenados y procesados que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación por haber cometidos delitos de competencia nacional. Estos esos criminales entre los que hay algunos peligrosos, como los detenidos por narcotrafico, lesa humanidad, trata de personas, secuestro extorsivo y contrabando, entre otros.

La rescisión del convenio fue confirmada por el ministro de Gobierno Emilio Bastrocchi quien consideró la situación como crítica. Según manifestó el alfil uñaquista "el acuerdo tiene un fin específico y está destinado a todo lo que es tratamiento y custodia de los detenidos. El objetivo es que esos trabajos se hagan en conjunto entre Nación y Provincia. Hoy esas condiciones hoy no están dadas".

El acuerdo al que le dio de baja el Ejecutivo local esta semana fue firmado en 2002 y fue ratificado un año después por la administración de Wbaldino Acosta. El mismo establecía que la Nación le debe pagar a la provincia un canon mensual por los presos de origen federal que están detenidos en el Penal de Chimbas.

Según manifestó Baistrocchi "si uno hace la cuenta del presupuesto que destina la provincia para el Penal y la cantidad de presos que tenemos alojados, el resultado da que cada detenido representa 22 mil pesos y según el acuerdo Nación nos pagan 11.500 pesos. No sólo la cifra es considerablemente menor sino que nos pagan con dos años de retraso".

Pero además las estadísticas indican que los detenidos por haber cometido delitos de competencia federal se han incrementado entre el 17 y el 18 por ciento en el último año. Por eso en el ejecutivo sanjuanino estiman cómo crítica la situación actual y aseguran que debe ser modificada

Según confirmaron fuentes oficiales, desde Nación indicaron que van a estudiar el tema.

La gestión uñaquista viene haciendo esfuerzos para tener un Servicio Penitenciario en condiciones. La cárcel cuenta con 700 plazas, pero tiene 1.480 internos alojados. Esa superpoblación ha generado conflictos en su administración al punto que se ha detectado connivencia entre agentes penitenciarios y algunos internos. Por eso a principio de mes el Ejecutivo llevó adelante una depuración del personal y desplazó a 38 personas, entre los que se encuentran guardiacárceles, un subprefecto y cuatro alcaides mayores. Además, se sancionó una ley de emergencia con el objetivo de hacer obras e instalar tecnología para mejorar el control (Ver Recuadro).

Remodelaciones

210

Esa es la cantidad de plazas que van a incorporar antes de fin de año con la construcción de nuevos pabellones.

Deuda

60

millones de pesos es lo que la administración nacional le debe a la provincia por los presos federales.

Causas de la rescisión

Además de la deuda millonaria generada por la falta de pago, desde el Ejecutivo local indicaron que la Nación nunca realizó una inversión en la provincia para contener a sus presos y que el canon que desembolsan es mucho menor al costo real de cada detenido. Por eso motivos, decidieron darle de baja al acuerdo.

A la par del descabezamiento en la cúpula del Servicio Penitenciario y el desplazamiento de una treintena de empleados, la gestión uñaquista tiene lista una batería de medidas para el Penal de Chimbas. Hasta fin de año se incorporarán unos 200 guardiacárceles, entre suboficiales y oficiales. Según confirmó en su momento el ministro Emilio Baistrocchi, en dos y tres meses pondrán a funcionar ocho escáneres: algunos de cuerpo entero y otros portátiles. Además instalarán bloqueadores de señales de celulares que estarán en funcionamiento antes de fin de año.

Por otro lado, colocarán 24 cámaras de seguridad y se cambiarán los equipos de comunicación interna. En materia de obra, se espera que antes de fin de año estén listos 3 pabellones que contendrán 210 internos.