Por primera vez desde que se desató el escándalo de las expropiaciones, el abogado Santiago Graffigna hizo declaraciones en la prensa. Se trata del principal sospechoso en la causa donde se investiga si en los juicios hubo maniobras irregulares para sacarle a la provincia millones de pesos de más por terrenos de Cuesta del Viento, el Parque de Mayo y el Canal Playas.
El profesional aseguró que todo es una maniobra del Estado para no pagar los inmuebles expropiados, advirtió que podría terminar preso en forma ilegítima y negó vinculaciones íntimas con los jueces y los empleados públicos que también están en el ojo de la tormenta. El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, lo cruzó y aseguró que el Estado sí paga.
Graffigna brindó una conferencia de prensa en un hotel céntrico para dar su versión. De entrada, justificó la convocatoria diciendo que quería tener como testigo a la prensa de que “está en riesgo mi libertad personal, por la sencilla razón de que el Estado no quiere pagar los procesos de expropiación”.
Pasa que en la megacausa, es casi un hecho que será llamado a indagatoria. Y si la jueza del caso, María Inés Rosellot, encuentra elementos que lo incriminen, podría dictar su procesamiento y ordenar que quede detenido.
El abogado está siendo investigado en dos causas. La primera, la que impulsó el Gobierno (llamada megacausa) por entender que en algunos juicios actuó una red de abogados, jueces y profesionales estatales (de Fiscalía de Estado) que cometió maniobras irregulares para que la provincia pagara mucho más de lo que correspondía. La segunda, una conexa, que se desprendió de la anterior, por una presunta administración fraudulenta contra algunos de sus clientes que cobraron dinero por expropiaciones.
Ayer, Graffigna negó haber sido favorecido con tasaciones irregulares. Contó que hizo una presentación en la causa en la que consta que la ex jueza Myriam Bettio homologó una acuerdo por 11,65 pesos el metro cuadrado en Cuesta del Viento, cuando anteriormente había fijado 0,16 pesos por la misma medida.
Además, aportó otro elemento al proceso. Aseguró que no se puede cuestionar que en algunos de sus juicios se haya fijado a 170 mil pesos la hectárea, tomando como referencia otro proceso en el que regularon honorarios a favor del cortista Abel Soria Vega (cuando litigaba) en base a “240 mil pesos la hectárea”.
Por otra parte, antes de responder algunas preguntas de DIARIO DE CUYO (ver aparte), aseguró que “acá no se cometió ningún delito, los valores que se pagaron son los de mercado” y descartó haber estafado a sus clientes “porque demostré con documentación que el dinero fue depositado en sus cuentas y no les administré la plata”.
DE SANCTIS: “NO TIENE ASIDERO”
Tras la conferencia de prensa de Graffigna, el fiscal de Estado de la provincia aseguró que “lo que ha dicho no tiene el más mínimo asidero”. Según De Sanctis, “no es cierto que el Estado no quiera pagar, sí paga y como ejemplo de eso menciono algunos casos como Caballo Anca, donde depositamos más de 7 millones de pesos, por los Molinos de Huaco tuvimos que depositar de nuevo y no hubo reparos y la expropiación por el Estadio del Bicentenario se pagó”. El funcionario aseguró que los procesos que no se han pagado son “los juicios que se suspendieron por una medida cautelar, porque se están investigando”.