La jueza María Inés Rosellot resolvió ayer denegarle la excarcelación a Santiago Graffigna, el principal sospechoso en el caso de las expropiaciones fraudulentas. De esta forma, al menos hasta que no exista una decisión en contrario, el abogado seguirá detenido mientras continúa sustanciándose el proceso. La magistrada le imputa cuatro delitos en concurso real y si a futuro es condenado, podría recibir como castigo una pena que va entre los 5 y los 50 años de prisión efectiva. Sus abogados defensores ya elevaron un recurso a la Cámara Penal para insistir con su liberación.
Graffigna terminó de ser indagado la semana pasada y de inmediato pidió, a través de sus abogados, ser excarcelado. La jueza tenía hasta ayer para resolver y a primera hora, mandó a notificar al sospechoso que deberá seguir preso. Rosellot rechazó el planteo, al igual que el fiscal, tomándose del artículo 26 del Código Procesal Penal. El mismo dice que si el delito que se imputa tiene una pena de cumplimiento efectivo (es cuando la pena mínima excede los 3 años), no se debe conceder la excarcelación.
El abogado está sospechado de ser el principal responsable de una millonaria estafa contra las arcas públicas de la provincia y la jueza le endilga cuatro delitos: ser jefe u organizador de una asociación ilícita que operó sigilosa y minuciosamente para inflar el valor de terrenos expropiados por la provincia, fraude contra el Estado en ocho juicios de expropiaciones (ya fueron pagados y suman algo más de 42 millones de pesos), intento de fraude en otros tres procesos (aún no se pagan y son por más de 1.500 millones) y defraudación por sustracción de prueba. Los delitos son en concurso real, lo que significa que las penas se tienen que sumar para determinar la condena que le correspondería. De esa cuenta surge que Graffigna podría recibir como castigo de 5 a 50 años de prisión de cumplimiento efectivo, ya que la mínima supera los 3 años que fija la ley.
Así las cosas, por ahora Graffigna seguirá detenido durante el desarrollo de la causa. Desde que fue arrestado está alojado en los calabozos de la Regional Sur y si bien podría ser trasladado al Penal de Chimbas, la jueza dispuso que por el momento siga en el mismo lugar (ver aparte).
Los abogados del profesional presentaron ayer mismo la apelación a la resolución de Rosellot. Insisten en que su cliente debe ser liberado y se toman de la jurisprudencia que dice que una persona que no se va a fugar y no va a entorpecer la investigación, debe ser excarcelada. El recurso deberá ser resuelto por una sala de la Cámara Penal. Si atiende el planteo, Graffigna será puesto en libertad. De lo contrario, continuará con prisión preventiva hasta que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Graffigna está acusado junto a 11 personas más que, supuestamente, fueron parte de la asociación ilícita. Se trata de 6 exmiembros del Tribunal de Tasaciones, la exjueza Rosalba Marún, el exfiscal de Estado Mario Díaz, la experito del Estado Ana María Melvin, el exempleado de Recursos Energéticos Adán Ruiz y el abogado Horacio Alday. Menos el último, todos fueron indagados y Rosellot tiene que decidir ahora si los procesa.
En función de las pruebas aportadas a la causa, la presunción es que cada uno, desde el lugar que ocupaba, se encargó de ser funcional a los intereses de Graffigna y su intención de sacarle cifras exorbitantes y fuera de toda razonabilidad a la provincia. La Fiscalía de Estado, como parte querellante, y el fiscal de la causa, Carlos Rodríguez, sostienen que hay jueces que hicieron la vista gorda y que convalidaron las anomalías en los juicios, que el Tribunal de Tasaciones cambió de criterio inexplicablemente y que en más de una oportunidad llevó el precio de los inmuebles a las nubes, que la experito oficial fue consecuente con eso y que exmiembros de Fiscalía de Estado no objetaron pericias contrarias a los intereses de la provincia y no pusieron reparos a los irregularidades que permitieron pagos millonarios injustificados. En conclusión, que hubo connivencia entre todos los actores.