En medio del conflicto que mantiene con el Gobierno provincial, el Sindicato Médico salió de contraataque ayer con una denuncia Penal por tres fallecimientos que se produjeron en el servicio público de salud y apuntó hacia el ministro del área y los directores de los centros asistenciales donde se atendieron los pacientes. El gremio hizo la presentación una semana después de que un juez Civil hiciera lugar a una medida cautelar impulsada por el fiscal de Estado para frenar un paro de 12 días que habían dispuesto para este mes.
El gremio busca que se determine si algún funcionario incurrió en los delitos de homicidio culposo (causar una muerte por negligencia o impericia, por ejemplo) o incumplimiento de los deberes de funcionario público. De esa manera, pone el acento en la responsabilidad de las máximas autoridades y en la falta de recursos humanos y materiales.
La denuncia es un eslabón más en la escalada del conflicto salarial y laboral que mantiene el sindicato y el Gobierno. A su vez, representa un contragolpe del gremio y así lo reconoció su secretario general, Daniel Sanna. “Quien judicializó la disputa fue el Ejecutivo y nosotros le vamos a contestar judicialmente”, aseguró. El sindicalista hizo referencia a la acción de amparo y a la cautelar que presentó el fiscal de Estado, esta última, avalada por la Justicia. En la demanda, el representante del patrimonio y los intereses de la provincia dejó sentado que ante el incumplimiento de algún profesional de lo dispuesto por el juez, se lo denunciará penalmente por desobedecimiento judicial. Así, el gremio postergó la medida de fuerza para los 3 primeros días de esta semana y hoy decidirán en asamblea si retoman las acciones o si siguen congeladas (ver foto).
Ayer en la mañana, el abogado del Sindicato Médico, Daniel Persichella, realizó la denuncia, en representación de Sanna, en la Fiscalía Correccional Nº 2, a cargo de Alejandro Mattar. La presentación señala que en enero se produjeron “tres muertes médicamente evitables” y solicita una investigación para que se establezca “si se ha perpetrado algún delito en cabeza de los funcionarios del Sistema de Salud Pública”. Se trata del fallecimiento de un hombre de 68 años y de dos niños por nacer (ver recuadro). En el primer caso, se destaca que debe investigarse por qué las autoridades del Hospital de Pocito no efectivizaron el traslado del paciente al Hospital Rawson cuando lo había solicitado la médica que intervino. En los casos restantes, se trata de jóvenes madres oriundas de Jáchal y Valle Fértil que tuvieron complicaciones con sus embarazos y que fueron derivadas al principal centro de salud de la provincia. En ambos, se resalta el hecho de por qué los directores de los hospitales de esos departamentos no decidieron operarlas y por qué no se hizo un traslado urgente, a través del avión sanitario. En cuanto al ministro de Salud, le remarcan que es el encargado de controlar la calidad de las atenciones médicas, equipos e instrumentos sanitarios.