El Gobierno nacional volvió ayer a trasladar responsabilidad a la Justicia, al afirmar que "va a tener que tomar cartas en el asunto" frente a las denuncias penales y civiles que presentará contra los asambleístas de Gualeguaychú, y calificó el reclamo como un "capricho". Por su parte, los asambleístas entrerrianos, que mostraron un fuerte rechazo frente a la postura oficial, reclamaron ayer que se retiren las "medidas anunciadas por la Jefatura de Gabinete", durante una movilización realizada a la municipalidad local.
En un petitorio entregado el intendente kirchnerista Juan José Bahillo, la Asamblea expresó su "repudio y preocupación por la decisión del Gobierno nacional de perseguir penal y civilmente a los vecinos de Gualeguaychú que luchan contra la instalación ilegal de Botnia".
El presidente de Uruguay, José Mujica, pidió a sus funcionarios guardar silencio en torno del proceso que está encarando el gobierno argentino en procura de desalojar el paso internacional Gualeguaychú-Fray Bentos para evitar complicaciones.
Después del anuncio que se realizó en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Aníbal Fernández salió ayer al cruce de las críticas contra el Ejecutivo por la ofensiva contra los asambleístas y afirmó que ahora "la Justicia va a tener que tomar cartas en el asunto". Según advirtió, lo de los ambientalistas "no es una protesta, es un capricho", aclaró que "para nada" se está desoyendo el fallo judicial que ordenó desalojar el bloqueo del puente y calificó de "estupidez" que se diga que se está dilatando la resolución del conflicto porque "lo que se está haciendo es poner las cosas en su lugar".