La desaparición de un expediente de Hidráulica que casi perjudicó al Estado en el doble pago por los terrenos que corresponden a la batería de pozos de Zonda recaerá en la Justicia la semana que viene. Según confirmó el titular de la repartición, Maximiliano Delgado, el área legal se encuentra finalizando la investigación interna y que una vez que esté concluida se realizará la denuncia por el extravío de documentación, lo que se espera a mediados de semana. En la mira está el exjefe del área que maneja los recursos hídricos de la provincia, Jorge Millón, ya que se constató que el exfuncionario retiró el expediente administrativo de la expropiación y otros documentos y que nunca los devolvió. Sin esos informes, la provincia estuvo a punto de pagar nuevamente la expropiación, ante el reclamo que hicieron los herederos del extitular, por una suma por poco más de 16 millones de pesos. El predio en el que está la batería de pozos de Zonda se expropió en 1978 y la provincia pagó en su momento casi 19 millones de pesos. Es más, ayer en el juzgado Contencioso Administrativo, la familia Bianchi reconoció el desembolso que se había hecho 40 años atrás y la causa pasará a archivo (Ver recuadro). 

Delgado explicó que, en principio, la denuncia se radicará sobre la irregularidad, el faltante del expediente, y el presunto perjuicio fiscal que pudo haberse generado por no contar con el mismo. Esto quiere decir que la presentación no apuntará contra nadie en particular y se dejará en manos de la Justicia la investigación para determinar la línea de responsabilidades dentro y fuera de la repartición. El delito en la mira es una presunta maniobra fraudulenta contra el Estado, que quedó en grado de tentativa. Es que, en definitiva, el fraude no se llegó a cometer, ya que, si bien la provincia hizo el depósito por el predio, el pago no se concretó gracias a que se encontró documentación que certificó el desembolso inicial. 

Según consta en la causa que se tramitó en el Juzgado Contencioso Administrativo, Millón retiró en 2013 el expediente de expropiación completo y toda la documentación referida del Archivo Técnico y Área de Expropiación de Hidráulica, y nunca los devolvió. Ese mismo año, los Bianchi presentaron en la repartición una nota para que se les indique el estado del terreno. Un años más tarde, tras un pronto despacho, el propio Millón contestó que el predio se había expropiado para conformar la batería de pozos de Zonda. Con el patrocinio letrado de Guillermo Toranzo, los herederos se dirigieron al Segundo Juzgado de Familia, a cargo de Gustavo Almirón, y solicitaron la búsqueda del expediente judicial de expropiación y, en el caso de que no se encontrase, se ordenase su reconstrucción. El exdirector de Hidráulica le informó al magistrado que no había registro de tal expediente, por lo que en marzo de 2017 el juez resolvió la imposibilidad de reconstruir el escrito. Tras esa situación y el reclamo de los herederos, en Fiscalía de Estado encararon en marzo de este año la expropiación y se llegó a un acuerdo por 16.261.700 pesos por dos terrenos de 72 hectáreas en total. Se giraron los fondos, pero luego, Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, le solicitó a la jueza Adriana Tettamanti, frenar el pago ya que apareció documentación oficial de la expropiación y el desembolso realizado en 1978. Se halló copias de cheques por 18,7 millones de pesos y en el archivo de Tribunales, la sentencia expropiatoria.

Los Bianchi reconocieron los pagos

En una audiencia de conciliación en el Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti, los herederos de Luis Roberto Bianchi reconocieron ayer los pagos que hizo la provincia en 1978 por la expropiación del terreno para la batería de pozos de Zonda. De la reunión participó el Fiscal del Estado, Jorge Alvo, y el abogado de los herederos, Guillermo Toranzo (primero en la foto). Según trascendió, quedó sin efecto el acuerdo de pago por el que se planteó una segunda expropiación. Por eso, la provincia desistió de la acción de expropiación y la magistrada dispuso que se transfieran los fondos depositados a la cuenta de la provincia, una vez que se completen los pasos legales que quedan.