Jorge Antonio Olivera llevaba la batuta en la tarea de inteligencia del entonces RIM 22 y la represión ilegal en San Juan durante la última dictadura. Osvaldo Benito Martel pasó de integrar la banda de música a ser su mano derecha y un cruento torturador. Daniel Eduardo Cardozo fue definido como feroz, iracundo y violento, quien andaba a la par de Olivera "como Batman y Robin", había señalado irónicamente una víctima. Rubén Arturo Ortega cargó con suma responsabilidad al ser designado como jefe de la Policía local, al igual que Juan Carlos Coronel, quien lo sucedió. Por su parte, Daniel Rolando Gómez en la práctica estuvo al mando del Penal de Chimbas, donde torturaban a detenidos políticos. Francisco Del Torchio era apodado "el Loco" y Eduardo Vic también fue una pieza clave del terrorismo de Estado. Y Gustavo Ramón De Marchi no se quedó atrás. Salvo Martel, el resto fueron oficiales que conformaron el grupo de tareas o "patota" que fue la responsable de que se cometieron delitos como privaciones de la libertad, tormentos, desapariciones, homicidios y hasta abusos sexuales. En el final de su alegato, el fiscal federal Francisco Maldonado llevó a cabo ayer un pedido histórico de penas al solicitar que todos ellos sean castigados con perpetuas en el segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad en San Juan.

Si bien en el primer proceso hubo siete acusados, se dieron dos pedidos de penas perpetuas (ver datos).

No fue lo único, ya que también pidió la misma condena para José Hilarión Rodríguez, excomisario a cargo del departamento de inteligencia policial D2 y fue delegado de la ex SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado); su subordinado en el D2, Juan Carlos Torres, y el oficial militar Juan Carlos Méndez Casariego.

Y también pidió sanciones para otros implicados. En el caso del entonces oficial de la Guardia de Infantería de la policía sanjuanina, Nicolás Dalmacio Manrique, 15 años de cárcel por su omisión en mantener seguros a cuatro detenidos un año antes del golpe de Estado, quienes fueron salvajemente torturados, al punto de que dos mujeres fueron violadas. En la lista figuró el agente de la Policía Federal Juan Alberto Aballay, con 12 años de prisión por ser el autor del secuestro de un estudiante universitario. Y además se encuentra el oficial militar Elías Lucio Arancio, con 12 años de cárcel por interrogar bajo torturas a un detenido.

El final del alegato de Maldonado se dio luego de varias audiencias que comenzaron en junio con el contexto histórico, el desarrollo de la prueba y de las causas. El fiscal concentró ayer las responsabilidades de cada uno de los imputados y los elementos en su contra, en una lectura en tándem con la prosecretaria de la Fiscalía, Gema Guillén. Ambos acompañados por el equipo del Ministerio Público.

Sobre la entonces "plana mayor" del RIM 22 (Olivera, De Marchi, Del Torchio, Ortega, Coronel, Vic, Cardozo y Gómez), Maldonado sostuvo que lideraron una asociación ilícita, que tenía poder de mando sobre el personal inferior, sin importar si eran del Ejército, de la Policía local o federal, ya que subordinaron a ambas fuerzas. Por eso les enrostró la responsabilidad en todos los hechos que padecieron unas 200 víctimas, los cuales van desde torturas, abusos sexuales hasta homicidios y desapariciones. Es decir, por la orden que impartían en la lucha y aniquilación de la "subversión", no importara que estuvieran presentes en los hechos, aunque en muchos participaron para ejercer un control en la ejecución de las órdenes, indicó el fiscal.

El debate continuará el 30 de este mes con los alegatos de los defensores y serán los jueces Sergio Paduczak, Ángel Nardiello y Guillermo Friele los que dictarán la sentencia.

Datos clave

Endurecimiento

De Marchi, Del Torchio, Martel y Gómez fueron condenados en el primer megajuicio a 25 años. El fiscal endureció ayer la acusación contra ellos y pidió perpetuas.

Absolución

El fiscal federal solicitó la absolución de Pedro Eduardo Blanco, quien estaba acusado en los hechos de tortura contra Héctor Cevinelli.

Más investigaciones

Maldonado le solicitó al Tribunal que remita copias al Juzgado para que identifique a los gendarmes que custodiaban el Penal y si tuvieron responsabilidades.