El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) eliminó un obstáculo que impedía que una importante cantidad de casas fueran ocupadas por los postulantes del padrón de inscriptos. Sucede que durante los sorteos de viviendas, hay aspirantes que son dados de baja por el organismo porque no cumplen con alguna de las condiciones pautadas. Pero estos suelen apelar la decisión y hasta que se resuelva el planteo, a favor o en contra, el hogar queda sin poder ser habitado durante meses. Por eso, desde la semana pasada entró en vigencia una resolución que establece que las nuevas casas que se entreguen y presenten este tipo de problemas, pueden ser habitadas por otros interesados que reúnan los requisitos, mientras que las personas que quedaron afuera y mantengan un reclamo por esa situación, pasarán a ser ubicadas en la próxima construcción que se haga, si es que el recurso les sale favorable.
“Es un crimen tener familias con la necesidad de un hogar y tener lugares vacíos”, aseguró Martín Juncosa, interventor de la repartición. La medida tiene su fundamento en que el IPV ha entregado barrios de manera parcial por la presentación de esas quejas. “Hay casos donde tenemos 10, 12 y hasta 15 casas” bajo esa situación, explicó el funcionario. Ante ese panorama, “nos arriesgamos a usurpaciones”, destacó. En lo que va del año, el organismo terminó y sorteó 351 casas para la denominada demanda libre, que son aquellos que están anotados en el padrón general. De ese total, unas 50 (casi el 15%) se encuentran deshabitadas por esa situación. La cifra es importante dado que recién van 5 meses de 2013 y la cantidad equivale a un barrio completo. Con la resolución, el objetivo es “entregar los barrios en su totalidad”, resaltó Juncosa.
La gestión giojista encaró la construcción de casas como uno de sus ejes dentro de su política de obras. Desde el 2004 a la fecha, edificó 22.033 hogares y otros 3.500 están en ejecución (ver recuadro). En el IPV detectaron que tras los sorteos, quedaba una cantidad de hogares vacíos. Estos casos se dieron porque los inscriptos fueron dados de baja por el organismo, principalmente, porque no vivían en la zona donde se sorteó el barrio o porque tenían inmuebles (terrenos o viviendas) equivalentes al valor de la casa que da el Gobierno, indicó Juncosa. Pese a ello, los interesados apelaron la resolución ante la repartición porque argumentan que sí viven en esos lugares y que los bienes que poseen en realidad representan su medio de subsistencia económica, como el caso de contar con una construcción destinada a hogar y negocio. Esos planteos están en estudio en el área legal y hasta que no sean resueltos, las viviendas permanecen sin habitar. El funcionario no quiso dar información sobre cuántos y en qué barrios están esas casas y evitó dar precisiones sobre los lugares en los que se encuentran para evitar posibles usurpaciones. Sí reconoció que los casos se dan en muchos departamentos, en donde en algunos hay situaciones extremas como el de un barrio de 60 casas en las que hay unas 15 en las que no vive nadie porque están a la espera de la resolución del planteo.
Frente a ese escenario, el IPV sacó la resolución interna que determina que a partir de la entrega de los nuevos hogares en los que hayan apelaciones, estos pueden ser ocupados por otros postulantes, mientras que los que fueron dados de baja y mantengan su reclamo, pasarán a vivir en el próximo barrio que se construya, siempre y cuando den vuelta la definición del organismo.